El juicio contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio ha sido aplazado hasta enero al cambiar de abogado uno de los siete ex ediles del GIL también imputados, Tomás Reñones, por "diferencias técnicas" con el letrado que hasta ahora le defendía.

Según ha explicado el hasta ahora abogado de Reñones, Ernesto Osuna, en una reunión que ambos tuvieron la semana pasada para plantear la defensa "surgieron una serie de diferencias que no hemos terminado de resolver", por lo que el ex edil "decidió buscar a otro letrado que se hiciera cargo de la defensa".

De esta forma, según el titular del Juzgado de lo Penal 5 de la Audiencia de Málaga, la causa en la que Muñoz y los siete ex ediles se enfrentaban a dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público se celebrará el 17 y 18 de enero del próximo año en función del derecho de libre elección de abogado y del derecho a la defensa.

"Dentro de un procedimiento tan complejo como son los delitos contra la ordenación del territorio y de tipo urbanístico la defensa tiene muchas opciones y muchas posibilidades de planteamiento", ha señalado Osuna para explicar lo ocurrido.

Reñones ha anunciado en el juicio que el letrado que llevará su defensa a partir de ahora será José Antonio Choclán, que ejercerá desde la próxima vista oral, mientras que el Ministerio Fiscal ha calificado como "irracional y poco coherente esa diferencia de última hora", pero ha aceptado el aplazamiento del juicio.

Así, el 17 de enero el juez interrogará a los acusados, que además de Muñoz y Renoñes son Francisco Javier Lendínez, José Luis Fernández Garrosa, María Luisa Alcalá, José Luis Troyano, Alberto García y Rafael González, y el 18 de enero se llevará a cabo el resto de la causa.

La celebración de esta vista oral estaba prevista para mayo, pero en abril se suspendió, por lo que es el segundo aplazamiento que acumula el juicio.

Los hechos por los que hoy iba a ser juzgado Muñoz junto a los ex ediles se remontan a septiembre de 1999, cuando los encausados otorgaron una licencia de obra a la entidad "Laelco Inversiones" para edificar 89 apartamentos y garajes en la urbanización Guadalpín Norte "a sabiendas", según el Ministerio Público, "de que contravenía las normas urbanísticas vigentes".

Según la Fiscalía, la licencia de obra se concedió en un momento en el que la normativa vigente se basaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, en el que se calificaba tal suelo como rústico de control y a partir del decreto 16/1981 como no urbanizable.

El Ministerio Fiscal considera que "tampoco sería lícita" esta licencia conforme al PGOU de 1986, que no estaba publicado en ese momento, puesto que éste permitiría construir viviendas unifamiliares adosadas "con un volumen de edificabilidad muy inferior al concedido".

Julián Muñoz permanece encarcelado desde hace quince meses, pesan sobre él dos condenas de un año de prisión, cada una por causas urbanísticas, y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.