El Tribunal Constitucional tiene muy difícil cumplir una de las exigencias que el Partido Popular le ha hecho con más insistencia durante toda la legislatura: que se pronuncie sobre el Estatuto catalán antes de las próximas elecciones generales, que se celebrarán el próximo 9 de marzo.

Es casi una misión imposible por varios factores, pero sobre todo, por la forma en la que organiza el trabajo el propio alto tribunal y la prioridad que tienen en su agenda cuestiones que afectan directamente a las propias elecciones.

El que el alto tribunal revise la constitucionalidad de la Ley de Igualdad antes de los próximos comicios le permitirá descargarse de las decenas de recursos electorales que tuvo que resolver tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. Su entrada en vigor el 23 de marzo, sólo dos meses antes de la cita electoral, supuso que muchas listas no cumplieran el requisito de incluir el mismo número de hombres y mujeres, por lo que fueron impugnadas y el Constitucional tuvo que pronunciarse sobre ellas.

A este sobreesfuerzo que para el TC supone la revisión de los recursos electorales, hay que sumarle el realizado para decidir en plazo si 133 candidaturas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y 246 de Abertzale Sozialistak debían ser anuladas como había decidido el Tribunal Supremo por ser continuadoras de Batasuna.

Previsibles nuevas demandas

Ahora, de cara a las próximas elecciones, tendrá que pronunciarse sobre las previstas demandas de ilegalización que prepara la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, contra EHAK (Partido Comunista de las Tierras Vascas, en sus siglas en euskera) y ANV, por su presunta vinculación con Batasuna. El carácter irreversible que conlleva el anular unas listas y restringir el derecho al sufragio pasivo y activo supone que toda duda sobre si unos candidatos pueden o no concurrir a las elecciones tiene que quedar despejado antes del día señalado para votar.

Sin estas circunstancias ya era difícil que el TC llegara a tiempo para resolver los siete recursos planteados contra el Estatuto catalán -el del PP, el del Defensor del Pueblo y los de cinco comunidades autonómas-, por su extensión y complejidad, pero con la guerra que estalló entre los miembros del alto tribunal desde la recusación de Pablo Pérez Tremps, cualquier decisión ha necesitado varias sesiones plenarias para poder concretarse.

Tercera semana de enero

El Constitucional se reúne en semanas alternas, en las otras dos los magistrados deliberan por secciones. El primer Pleno jurisdiccional del TC está previsto para la tercera semana de enero. Además de comenzar por fin a estudiar el fondo de los recursos contra el Estatuto de Catalunya, ocho de los miembros del Pleno deberán también resolver la recusación presentada por el Gobierno contra los conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo en el recurso contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal que prorrogó el mandato de su presidenta, María Emilia Casas.

El presidente accidental del Pleno en este asunto, Vicente Conde, puede convocar a sus compañeros cuando estime oportuno, pero cuando se reúnan para esta cuestión no podrán estudiar el Estatuto catalán, porque faltarán cuatro de sus integrantes (los abstenidos por verse afectados por la ley, Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los recusados). Otra complicación para resolver a tiempo.