Dando carta de naturaleza al refrán de que no hay mal que por bien no venga, el gobierno local de Madrid usó hoy la sesión que daba carpetazo a la comisión de investigación del caso Guateque como palanca para anunciar una reforma integral del sistema de concesión de licencias.  

No habrá dimisiones -el PSOE pidió las de siete concejales y dos directores generales; IU, ninguna– ni el equipo de Gallardón se considera políticamente responsable de la existencia de una trama de funcionarios  dedicada, presuntamente, a cobrar sobornos a cambio de licencias urbanísticas. Pero evitará que la experiencia se repita –o eso espera– aplicando una serie de medidas de transparencia. Además de 31 funcionarios, entre los imputados se cuenta el ex gerente de Urbanismo y actual viceconsejero de Transportes en el Gobierno de Aguirre, Luis Armada.

Entre las medidas aprobadas en la sesión de clausura comisión con los únicos votos del PP figuran las siguientes: el área de Urbanismo concentrará las competencias exclusivas sobre  licencias, hasta ahora compartidas con los distritos.  Asimismo, y con carácter transitorio, se reforzará el área de Urbanismo y los distritos con 173 empleados municipales para acelerar la tramitación de expedientes.  Y, en el plazo de tres meses, Urbanismo aprobará un plan de disciplina urbanística “basado en acciones preventivas, inspectoras y sancionadoras”.

El programa de reforma contiene otros compromisos cuya fecha tampoco ha precisado el PP. Entre ellos, consta el de facilitar información telefónica ininterrumpida a través del 010 sobre el estado de cualquier solicitud de licencia.  El gobierno local también promete crear  una Inspección General de Servicios dependiente del coordinador de Recursos Humanos, la aplicación uniforme de la normativa en materia de licencias.

El anuncio del plan reseñado fue la traca final que se reservaba el concejal de Economía de Madrid y portavoz del PP en la comisión de investigación, Miguel Ángel Villanueva. A tenor de lo que dijo después, Villanueva se creció escuchando al portavoz del PSOE, David Lucas,  quien acusó al PP de torpedear la investigación municipal hasta lograr darle “cerrojazo” para, a renglón seguido, disparar una pregunta que luego repitió como leit motiv de su discurso: “¿De qué tienen ustedes miedo?”.

En realidad fue una pregunta retórica porque el propio Lucas contestó: “Temían y tienen miedo de que llamáramos a [para declarar ante la comisión] concejales que aparecen denunciados por particulares”.

Villanueva contratacó devolviendo la interpelación: “¿Que tienen que temer?”. Si declaraban los imputados, como pretendía el PP. A eso se refería la pregunta del edil, quien subrayó que si PSOE e IU hubieran apoyado la lista de comparecencias propuesta por el gobierno local -sólo los imputados, y luego ya se vería si también cargos políticos- la comisión seguiría viva.