'Vivir en silla de ruedas en un cuarto piso sin ascensor era una pesadilla. Siempre tenía que buscar a alguien para subir o bajar las escaleras', recuerda Javier Gómez, de 36 años y alero del equipo de baloncesto Fundesco ONCE. A los 13 años, una enfermedad medular debilitó sus piernas y desde entonces la silla adaptada es su segunda piel.

Si su familia hubiese querido reformar el edificio por su discapacidad, habría tenido que asumir todo el gasto de la reforma porque, según la Ley de Propiedad Horizontal, la comunidad de vecinos sólo se hace cargo del coste cuando es inferior a la recaudación de tres mensualidades.

'Hay que reformar la normativa para que las comunidades de propietarios paguen la reformas', reclama Luis Cayo Pérez, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). El organismo considera la normativa 'discriminatoria' y su reivindicación tiene un puesto prioritario en su agenda para los próximos dos años. Pero ésta es sólo una más dentro del rosario de medidas que el sector reclama para poder normalizar la vida de los más de 3,5 millones de discapacitados que viven en España, según el Informe General sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud del INE de 1999.

Más empleo adaptado

La ministra de Educación y Política Social, Mercedes Cabrera, se adhirió ayer a las reclamaciones y pidió a las empresas privadas la contratación de discapacitados. El primer tratado internacional de la ONU que reconoce, entre otros asuntos, el derecho al empleo, entra hoy en vigor con la firma de 20 países.

Entre su trabajo en la Fundación ONCE y el regreso a casa, Javier rasca un par de horas al día para entrenar con su equipo, con el que ha ganado la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas.

Como la mayoría de los deportistas que representarán a España en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, necesita un sueldo complementario al deporte. Sólo uno de los miembros de la delegación, el atleta Santiago Sanz, está inscrito en la Seguridad Social como deportista profesional.

En su casa, todos los muebles están colocados de forma estratégica. No hay sitio para el azar: la cama es de 1,80 metros de largo para que la silla quepa entre ésta y la pared, no hay mesita entre el sofá y la televisión, y los platos y vasos están todos en el primer estante de los armarios.

La silla de ruedas es el único coste que Javier tiene derivado de su lesión pero, para el conjunto de discapacitados, su condición supone un 40% más de gasto que para el resto de personas. No obstante, las organizaciones están más preocupadas por el reconocimiento de sus derechos que por las ayudas económicas.

'En España adolecemos de una inflación de normas que son más retóricas que reales; bienintencionadas pero ineficaces', critica Pérez. Asegura que en los últimos años se ha mejorado mucho en el plano de los principios: 'Estamos llevando la discapacidad de una visión reduccionista y parcial de servicios sociales a la de una cuestión más de derechos humanos'.

Falta de accesibilidad

A pie de calle, Javier respalda las ideas de Pérez y añade la falta de accesibilidad a la mayoría de locales. 'Entrar a un bar o al metro es muy difícil y casi siempre tienes que pedir ayuda, pero lo más sangrante es que también ocurre en comisarías o en el Ayuntamiento', lamenta.

A los problemas de accesibilidad se unen la falta de centros de día para personas con daño cerebral adquirido (250 plazas para una población potencial de 30.000 personas), la financiación de audífonos para sordos mayores de 16 años, escasez de programas de detección precoz...

Muchas de estas reivindicaciones, como el fomento de empleo o el derecho a una rehabilitación integral están respaldadas por leyes desde hace décadas, pero la falta de sanciones y desarrollo ha impedido su evolución.

El sector está especialmente pendiente del rodaje de la Ley de Autonomía y Dependencia. Desde su aprobación el 30 de noviembre de 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha aceptado 185.422 solicitudes de ayuda entre las personas con un grado de dependencia más severo y prevé que la cifra de beneficiados alcance los 1.373.248 en 2015.

El ex ministro, Jesús Caldera, la presentó como 'la norma social más importante de principios de este siglo' y aseguró que permitirá la creación de 300.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años. Pero colectivos como el femenino, que representa al 58% de los discapacitados, y el rural padecen problemas de exclusión social, laboral y educativa. Sus perspectivas no son muy halagüeñas a corto plazo.

Campo y ciudad

Rosana, ama de casa de 44 años, es una de las 6.000 personas sordociegas que hay en España. Reside en Madrid con su marido y sus dos hijos, todos sordos. Tanto ella como Javier cuentan con la ventaja de vivir en una gran ciudad, donde se concentran la mayoría de los recursos. Las zonas rurales tienen una situación de aislamiento y escasez de recursos equivalentes a las grandes urbes de hace décadas.

Rosana recuerda su etapa formativa como complicada, 'pero la superé gracias a mi familia y los intérpretes', asegura. Al preguntarle por sus sueños para el futuro, no habla de trabajo ni viajes y responde contundente: 'Mi principal ilusión es que mi ciudad, Madrid, sea totalmente accesible'.