El Ayuntamiento de Madrid permitió durante cinco años el funcionamiento ilegal de un establecimiento de la empresa de decoración Becara, en cuya representación actuaba el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier –marido de una de las propietarias–  y sobre la que, por vulnerar la normativa urbanística, pesan dos sentencias firmes de lo contencioso que no han tenido ningún efecto.

Situado en Juan Bravo, en el distrito madrileño de Salamanca y ubicado en un edificio calificado parcialmente como fuera de ordenación –no susceptible de albergar nuevas actividades empresariales distintas a las que ya hubiera–, el establecimiento abrió en marzo 2000 sin la preceptiva licencia de funcionamiento. Desde entonces y hasta que el consistorio le concedió en septiembre de 2005 ese permiso –ahora anulado por el Tribunal Superior de Madrid–, cuatro imputados por presunto cohecho y tráfico de influencias en el caso Guateque intervinieron en el procedimiento administrativo con informes o decisiones favorables a Becar, marca comercial de BZ Asuntos de Familia SL, que obtuvo la licencia de obras y apertura –imprescindibles para lograr la de funcionamiento– en enero de 1999, cuando Trias era aún diputado.

Las dos licencias otorgadas en 1999, así como la modificación aprobada en mayo de 2003, llevan la firma de Luis Armada, entonces gerente de Urbanismo, hoy viceconsejero de Transportes de Madrid y que el pasado 23 de enero declaró como imputado por el caso Guateque.  En 2001, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) avaló las licencias de obras y actividades concedidos en 1999. El entonces concejal del distrito de Salamanca, Fernando Martínez Vidal del PP, había preguntado a Armada “en base a qué” las concedía. No consta respuesta.

También realizaron informes favorables dos funcionarios igualmente imputados: el ex jefe de la sección de licencias de Urbanismo, Fernando Ruiz Torrejón, y el técnico de Medio Ambiente Miguel Ángel García Jódar. Otro técnico municipal, Óscar Acero, a quien el juez del caso Guateque levantó la imputación para considerarlo testigo, emitió igualmente informes favorables a Becara.

 En total, se tramitaron los siguientes expedientes: tres ex de modificación de licencia de apertura, ahora denominada de actividades; un plan especial a instancia de Becara, y un quinto expediente de licencia de funcionamiento. De esa forma, la empresa nunca dejó de tener margen para subsanar las constantes irregularidades detectadas. La oposición socialista ha mantenido desde el inicio del caso Guateque que la red corrupta prosperó gracias al marasmo administrativo imperante.

Becara encomendó en 2001 la redacción del citado plan especial a otro imputado en el caso Guateque: el empresario Eduardo Agustino, cuya firma de ingeniería sobornó presuntamente a nueve funcionarios a cambio de resoluciones favorables para distintos clientes. Ese plan buscaba legalizar la primera planta del establecimiento, utilizada como tienda en contra de lo preceptuado por la licencia de apertura, que la consignaba como oficina.

El nombre de Trias figura manuscrito en el margen superior de un folio de uno de los expedientes de licencia. En otro aparece, igualmente escrita a mano, la siguiente leyenda: “Única. No comisión”. Y en otro más se lee esto: “Es Becara”. En declaraciones a Público, el ex diputado subrayó su honestidad y la pulcritud del procedimiento, dijo ignorar si la comisión de patrimonio había emitido dictamen y culpó al ayuntamiento de todo lo sucedido. “Si mi nombre no hubiera aparecido, esto habría tardado menos”, opina el abogado Trias, quien el viernes, en una segunda conversación con este periódico arrojó un argumento inédito: “La tienda podía abrir sin licencia de funcionamiento”.

El caso llegó, mediante denuncia de dos vecinos, a manos del juez Santiago Torres el pasado mes de enero. El magistrado ha optado por no incorporar la denuncia a las diligencias de la Guateque porque no encuentra conexiones con el caso. El PSOE ha recurrido ese auto, donde el juez “ni niega ni discute” que los hechos denunciados “pudieran tener apariencia delictiva”. También han recurrido los dos vecinos que en enero de este año presentaron ante el juez Torres la denuncia contra Becara.  

Un mes antes de la presentación de la denuncia, en diciembre de 2007, el TSJM había anulado la licencia de funcionamiento, que no se otorgó hasta septiembre de 2005. El tribunal consideró ilegal que Becara utilizara la primera planta como tienda y no como oficina, que era el uso alegado para lograr la licencia. En abril, el consistorio dictó una orden de clausura cuya ejecución no queda garantizada: la propia orden, emitida el pasado 17 de abril, da dos meses de plazo a los propietarios para arreglar la situación. En abril de 2007, el TSJM ya había anulado la modificación de licencia aprobada en 2003. No hubo consecuencias.