Afincado en Adeje (Tenerife) desde 1986, el británico Steve Marshall vive de una pequeña agencia de viajes y de los clientes que puede conseguir del centenar de páginas web sobre Cuba, la mayoría de contenido cultural y turístico, que tiene. Mejor dicho, tenía.

En octubre de 2007, el Gobierno de EEUU se las cerró alegando que violaban el embargo sobre la isla caribeña. Marshall, que pidió ayuda al Gobierno europeo, acaba de recibir su contestación: “La Comisión no puede hacer nada”.

Marshall no sabía que pasaba. “Fue el 3 de octubre. Llegué y me extrañó no tener ningún correo pidiendo información”, dice. Al preguntar al informático, le dijo que las páginas no se abrían.

Cuando Marshall llamó a eNom, la empresa estadounidense que gestionaba sus dominios, le confesaron que ellos habían bloqueado sus páginas. “Recibimos una llamada del Departamento del Tesoro ordenando el cierre”, relata el empresario.

Entonces, Marshall llamó a Washington, donde un funcionario le explicó que sus direcciones estaban en una lista negra del Gobierno por tener vínculos comerciales con el régimen de los Castro. Estos tratos eran, en concreto, tener 80 sitios web sobre Cuba. “La mayoría eran simples guías turísticas y sólo cinco permitían contratar viajes a la isla”, aclara Marshall. “Además –añade–, mis clientes son turistas europeos, no estadounidenses”.

Gracias a la Ley Helms-Burton, EEUU prohíbe a sus ciudadanos viajar a Cuba o realizar contratos con empresas que estén en su lista negra.El empresario acudió entonces a Bruselas. Lo hizo antes de Navidad.

Seis meses después, la Comisión Europea le ha enviado un correo donde lamenta comunicarle que no puede ayudarle en su caso. En la misiva, se puede leer: “Dado que eNom es una empresa de EEUU, no puede aplicarse el requisito de desobediencia a la legislación extraterritorial de EEUU que menciona el Estatuto de Bloqueo”.

Esta última norma es un arma legal de la que se dotó Bruselas para defender a las empresas y ciudadanos del continente de las sanciones de EEUU por tener relaciones con terceros países.

En el servicio de Relaciones Exteriores de la Comisión, dicen que han hecho gestiones ante las autoridades estadounidenses. “Se pensó incluso en una demanda oficial”, explica una fuente.

Pero ahora dicen que Marshall no cumple un requisito clave: aunque es europeo y residente en Europa, el domicilio legal de la empresa dueña de las webs está en Islas Vírgenes Británicas, territorio extracomunitario. En la misiva, le recomiendan que presente una demanda por daños a través de su empresa española o que acuda al Gobierno del Reino Unido para que intente ante el de EEUU una gestión para transferir los dominios a un servidor europeo.

Para el abogado de Bufet Almeida, Javier Maestre, que no quiere entrar en el fondo del asunto por desconocerlo, es sorprendente que un país avanzado en libertad de expresión se dedique a censurar páginas de otros países. “Aún hay muchas empresas europeas con alojamiento web en EEUU. Esta práctica, de extenderse, hará mucho daño y podría provocar un éxodo de compañías a otras jurisdicciones”, opina.

Steve Marshall ha tenido que replicar todas las páginas web bloqueadas a unas nuevas con sufijo ‘.net’ y alojarlas en un proveedor de Madrid. Como el suyo, hay muchos otros sitios de comercio electrónico que, aparecidos en la década de 1990, se registraron y alojaron sus contenidos en EEUU.

Esta empresa, una de las más importantes de EEUU en el negocio de registro de dominios y ‘hosting’ de páginas web, no es nueva en esto de bloquear páginas. Hace dos meses, ya cerró el sitio Wikileaks por orden de un juez, medida retirada poco después.

La Corporación para la Asignación de Nombres de Internet (ICANN ) es la organización responsable del sistema de direcciones y dominios de la Red. Es la última autoridad en este tema y ante la que rinden cuentas las empresas de registro de dominios. Aunque se publicita como independiente, está sujeta a las autoridades de EEUU por varias vías: su misión se la asignó el Departamento de Comercio de ese país. La concesión tiene que renovarse cada cinco años. Además, teniendo su sede en California, depende de las leyes estadounidenses.

La cuestión de quién controla Internet sigue sin resolverse. Para el abogado Javier Maestre, es un debate dormido, pero sólo mientras EEUU sea respetuoso.