La relación con las víctimas compensa a la fiscal Sánchez

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"Una afortunada". Así declara sentirse la fiscal del 1-M, Olga Sánchez, a pesar de todo. A pesar de haber trabajado las 24 horas del día desde que aquel jueves del 11 de marzo de 2004 la guardia del Juzgado Central de Instrucción número 6 se vio sobresaltada por las explosiones que despertaron Madrid.

Y a pesar de las críticas que desde algunos medios de comunicación han acompañado la instrucción del sumario 20/04, acrecentadas por un secreto sumarial que prácticamente se mantuvo durante toda la instrucción y que se levantaba en tandas de miles de páginas.

Quizá por eso, el pasado 12 de junio, trató de criticar la labor de algunos periodistas diciendo en el informe de conclusiones que "no tienen la altura y la grandeza de una profesión tan importante en una sociedad democrática. Aprobaron Periodismo, pero no tienen la altura de esa profesión".

El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le impidió continuar, porque sus reflexiones sobre la prensa que recogía las teorías conspirativas no forman parte del objeto del proceso.

Olga Sánchez, malagueña como Gómez Bermúdez, se considera "afortunada" por haber ejercido el Ministerio Público en el 11-M: "Una experiencia extraordinaria" por la "calidad" de las personas que ha conocido desde el punto de vista laboral y entre las víctimas, con las que dice haber tenido una relación estrecha y gratificante. "Me han dado más de lo que les he podido dar a ellas", asegura, aunque con alguna tuvo sus más y sus menos en un receso del juicio.

Durante la vista estuvo apoyada por el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y por el fiscal Carlos Bautista, pero se sintió sola durante la instrucción hasta que empezó a despachar con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que en mayo de 2004 creó un grupo de fiscales especializados en terrorismo islamista.

23 años como fiscal

Olga Sánchez ha cumplido 23 años en la carrera fiscal. Su primer destino fue Cádiz, luego Sevilla y, en enero de 1993, la Audiencia Nacional, donde ha acusado a miembros de ETA y a los responsables del periódico Egunkaria, procedimiento en el que ahora la Fiscalía pide el archivo de las actuaciones.

De todas formas, su principal caso ha sido el mayor atentado sufrido en España, en el que ha hecho todo lo que ha podido para investigarlo y lograr que el tribunal condene el próximo miércoles a los acusados, para los que pide penas de entre 4 y 38.962 años de cárcel, cifra solicitada para el ex minero José Emilio Suárez Trashorras.

Fue en este procedimiento donde la Fiscalía General del Estado le abrió un expediente por no haber instado la prórroga de prisión de Saed El Harrak -para el que pide 12 años de cárcel-, lo que obligó a dejarle en libertad.

Ese episodio fue el que originó las mayores críticas hacia ella y el juez instructor, Juan del Olmo, cuya labor, de espaldas siempre a los medios de comunicación, ha permitido la celebración del juicio tres años después de que se cometieran los atentados.