El Gobierno se encontrará los debates rojos quiera o no. Planteados por su conciencia de izquierdas. IU y BNG le colaron el laicismo el martes. Ahora vuelven sobre la eutanasia. Con una diferencia: también se suma la Junta andaluza, que prepara una ley para amparar a los pacientes que deseen ser desconectados, como avanzó anteayer Público.

El PSOE tendrá aún unos meses para pensárselo, pero al final no podrá escurrirse de la foto. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds ya han registrado en el Congreso dos iniciativas. Primero, una proposición de ley para despenalizar la eutanasia. Y dos, la propuesta de creación de una subcomisión de estudio de muerte digna y cuidados paliativos, aún no calificada por la Mesa. El BNG presentó en abril una iniciativa similar.

“Importa que se regule desde el Estado. Eso no es baladí”, señala Gaspar Llamazares a Público. No lo es, ya que las comunidades llegan hasta donde llegan, incluso en los nuevos estatutos más sociales (Andalucía y Catalunya). La ley andaluza no alcanza, y no puede hacerlo, a la despenalización del suicidio asistido.

Por eso la proposición de IU e ICV sostiene como premisa básica la modificación del artículo 143. 4 del Código Penal, para que quede “exento” de condena todo aquel que “mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiera, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor” del paciente. Es la oferta de IU-ICV. También que se haga con todas las garantías y que el Gobierno cree un Registro Público de Voluntades Anticipadas, una especie de archivo general de testamentos vitales.

El debate de la proposición de ley no llegará antes del otoño, y la discusión para montar una subcomisión, como pronto, a finales de este mes. El Congreso reabrirá así una polémica añeja en la Cámara. En octubre de 2007, los socialistas sepultaron por enésima vez en la legislatura todas las esperanzas de IU-ICV. Juzgaron “precipitada” la deliberación.

“El Gobierno tiene que poner en su agenda derechos y libertades. Hasta ahora, no los conocemos”, recuerda a este diario Joan Herrera (ICV). “No hay argumentos para no hacerlo, a no ser que quiera revivir el miedo al chantaje de la derecha, el PP y la Iglesia. Ya no se puede mirar para otro lado. Sería un absoluto cinismo”. Herrera, como Llamazares, esgrime la “aceptación social” de la muerte digna: en 2002, el CIS reveló que seis de cada 10 médicos apoyaban la legalización de la eutanasia y en la VI Legislatura (1996-2000), una comisión especial del Senado concluyó que el 67% de los encuestados la respaldaba.

El líder de IU confía en que, “al menos”, se abra el debate, ayudados por ERC, BNG, Nafarroa Bai y quizá PNV y CC. “El problema vuelve a ser el PSOE. Se blindará. Otra vez. Es un tema complicado para ellos, más difuso. Se mantienen más temerosos”. Y es así. El Gobierno no prevé cambiar su postura.

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, al poco de llegar al cargo, expuso en diversas entrevistas sus opiniones sobre la eutanasia. En ellas, defendió “el derecho de los ciudadanos a una muerte digna y a ser posible sin sufrir” y calificó la eutanasia como una “asignatura pendiente”.

Soria aseguraba que los avances tecnológicos y médicos habían generado “más formas de morir”, y que en estos momentos la eutanasia como tal o como suicidio asistido “está recogida en el Código Penal”, por lo que opinaba que debería ser el Ministerio de Justicia el que regulara su legalización.

La política de Sanidad es seguir respetando la autonomía del paciente, “es decir, el derecho que tiene toda persona a decidir sobre su cuerpo”. Así, Soria destacaba que los pacientes cuentan con los cuidados paliativos y la limitación del esfuerzo terapéutico. La norma andaluza clarificará el debate.