Abortar en España, dentro de los supuestos legales que lo permiten –riesgo para la salud de la madre, violación y taras graves en el feto–, debería ser una prestación accesible, gratuita y equitativa. Nada más lejos de la realidad. Las españolas se enfrentan con una situación bien diferente dependiendo de su comunidad autónoma de residencia. De hecho, la mitad de las comunidades –Cantabria, País Vasco, La Rioja, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares– no ofrece “ningún tipo de financiación pública”, lo que obliga a las mujeres a pagarse el aborto de su bolsillo salvo que formen parte de los escasísimos casos que son intervenidos en centros públicos.

Esta es la principal conclusión de un análisis comparativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo en las distintas comunidades autónomas, presentado ayer en Madrid por el Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE) y la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).

“Al no haber un protocolo común sobre el aborto, la información que reciben las mujeres que quieren interrumpir su embarazo depende de la disposición de cada profesional sanitario; es como jugar a la ruleta, y en la mayor parte de los casos no se sienten arropadas”, señaló Marta O’Kelly, directora del GIE.

En España sólo el 3% de los más de 100.000 abortos que se practican cada año se hace en centros públicos y, según destaca este trabajo, en cinco comunidades autónomas –Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia– más Ceuta y Melilla no hay ningún servicio público (ni tampoco privado en el caso navarro) que realice abortos, lo que obliga a muchas mujeres a peregrinar a otras comunidades.

Estos obstáculos convierten el aborto en “una opción negada o escondida” para las mujeres, que se ven abocadas a buscar asesoramiento por su cuenta ante la “disparidad” de respuestas que reciben de los médicos y la ausencia de un protocolo común, según remarcó O’Kelly.

La situación es mejor en Andalucía, donde hay un sistema de concertación con centros privados que sí garantiza la gratuidad de la prestación. En Murcia hay acuerdos con centros privados, aunque no un concierto como el andaluz; mientras que en Madrid y Catalunya hay subvenciones. En Navarra y Asturias se realizan derivaciones a clínicas privadas, que son “puntuales” en Galicia y Castilla y León.

Ante estos datos, la presidenta de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz, defendió ayer que “la Sanidad pública debe cumplir con el derecho de las ciudadanas” a abortar en centros públicos, informa Vanessa Pi.

¿No cree, como portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, que el caso de la Clínica Isadora ha dado nuevas fuerzas a los antiabortistas, hasta el punto de que un partido ultraderechista podrá ser acusación particular?

Creo que se trata de una minoría que ha encontrado eco en algunas administraciones, como Madrid, y en algunos jueces; lo que pasa es que hacen mucho ruido.

¿Qué le parece la postura del juez en este caso?

El aborto es un delito [fuera de los tres supuestos] y si encuentras a un juez dispuesto a meter el dedo en determinados casos...

Pero en teoría el juez aplica la Ley...

Este tipo de legislación sobre el aborto, al tipificarlo como delito, puede posibilitar cosas demenciales. No se busca justicia, sino que un juez busca que una determinada forma de pensar sea la detodo el mundo.

¿Cómo se pueden evitar estos casos?

La forma de pensar de determinados jueces debe ser ajena a la forma en que administran la justicia, y esto no está ocurriendo porque se trata de una normativa ambigua. Lo mejor sería una ley de plazos, así no cabrían inter-pretaciones.