Imanol Murua saca pecho cuando habla de su Pisafirm, un antideslizante para todo tipo de superficies con el que ha facturado 600.000 euros desde que registró la patente en el año 2000. Y, sobre todo, deja ver su orgullo cuando nombra los doce premios internacionales que ha ganado, entre ellos los de Nuremberg y Ginebra, algo así como los Oscar de los inventores. Pero, a pesar de esta proyección transnacional, este guipuzcoano de 36 años se ha tenido que conformar con patentar su invento sólo en España. ¿La razón? Un sistema europeo fragmentado y muy costoso que deja la mayoría de los descubrimientos en cajones y trasteros nacionales.

'Si quería patentar mi invento en siete países europeos tenía que pagar 30.000 euros, y unos 70.000 para acceder a la patente mundial en 35 países', lamenta. Cantidades que Imanol, 'como el 85% de los inventores', según le dice su experiencia, no se pueden permitir. Para hacer efectiva la patente en España, tuvo que pagar 3.000 euros.

En el último año, se solicitaron 3.439 patentes en España. Después se puede acceder a la de la Oficina Europea de Patentes (OEP), que no ofrece un título único, sino un paquete de patentes nacionales. Esta organización, independiente de la Unión Europea y que agrupa a 34 países, aprueba alrededor de 60.000 patentes al año y tiene en vigor 1,6 millones en el continente.

La UE lleva más de tres décadas intentando solucionar este laberinto que ha maniatado a la innovación en el continente y que se complica cuando se defienden las patentes, ya que se debe acudir a cada uno de los tribunales nacionales. La presidencia francesa ha retomado el debate y quiere establecer una base común que varía entre los que se conforman con un tribunal único que se integre en el sistema actual de la OEP, y los más ambiciosos que sueñan con una patente comunitaria integrada en el derecho de la Unión.

El inventor vasco suspira con estas propuestas porque hasta ahora 'el pequeño inventor está totalmente indefenso, ahogado por gastos constantemente'. Y eso que él se puede considerar dentro del 1% de afortunados que puede vivir de su invento, lo que le ha permitido crear una empresa de siete personas.

De hecho, hoy en día una patente europea para 13 países es 11 veces más cara que una para EEUU y 13 veces más cara que una japonesa. Estas barreras hacen que Europa sea goleada en casa. En la OEP, 137 patentes por millón de habitantes proceden de la UE, frente a 147 patentes de EEUU y 174 de Japón.

El presidente francés Nicolas Sarkozy, tan amigo de las prisas, quiere acabar de rebote con estas demoras. Por eso, a finales de julio se organizaron dos reuniones para pulir resistencias entre los partidarios de las dos propuestas y explorar la posibilidad de integrar el statu quo actual de la OEP en el derecho comunitario.

En juego no sólo está quién tendría la última palabra en casos de litigio, sino también un negocio que dejó en la OEP el pasado año unos ingresos por mantenimiento de patentes de 2.100 millones de euros, repartidos al 50% entre las oficinas nacionales y la OEP, que deben sumarse
a los 270 millones por la aprobación de las nuevas.

Oposición española

Sin embargo, las mayores resistencias no han venido de la OEP, que daría la bienvenida a una patente comunitaria, como explica su portavoz, Rainer Osterwalder, que cree 'lógico que un mercado interior europeo sea completado con un sistema comunitario de patentes', sino de España. En este sentido, los representantes españoles se han plantado contra la patente comunitaria por 'la defensa del español como lengua tecnológica'.

Así, en la propuesta actual se utiliza el inglés, el francés y el alemán en los contenidos jurídicos de la patente, algo que España considera que 'viola el principio de no discriminación lingüística' en la UE.

Aunque las soluciones parecen relucir de nuevo sobre la mesa, pocos creen que la destreza de Sarkozy pueda llevar a buen puerto la nave de las patentes.

Con este panorama, Imanol, más que en las grandes iniciativas, prefiere confiar en sus pequeños trucos 'como el año de ventaja que tienes al principio en todo el mundo para moverte por ferias y conceder licencias' desde que se registra la patente hasta que deja de ser secreta.

Pero esta problemática no se limita a los inventos convencionales, sino que tiene un carácter mucho más amplio, afectando a terrenos como la creación de software o el desarrollo de medicamentos. En lo que se refiere al primer caso, Benjamin Henrion, portavoz de la organización sobre derechos de propiedad FFII, que agrupa a 3.500 compañías, recuerda que las empresas que estuvieron presionando para introducir la directiva sobre las patentes de software en 2005 cambiaron de postura dos días antes del voto y pidieron que se rechazara, ya que vieron que sacarían más provecho a través de la patente comunitaria. El sector del software ha sido tradicionalmente uno de los más suspicaces respecto a la introducción de cualquier instrumento común, ya fuera norma o tribunal, al verlo como una vía para que la OEP introdujera sus prácticas en contra de la 'creación libre'. En principio, Henrion no veta la entrada de una patente comunitaria, siempre que no implique 'introducir por la puerta de atrás las patentes de software'.

El sector farmacéutico es igualmente crítico con el sistema actual. 'Se necesitan examinadores de patentes más experimentados en la OEP para mejorar la eficiencia del sistema', defiende Lidia Mallo, de la Asociación Europea de Genéricos. Esta entidad defiende la búsqueda de un consenso respecto a una corte central para patentes, y cree que la patente comunitaria permitiría 'reducir gastos, simplificar el sistema y hacerlo más eficiente'.