Algo falla en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en sus resortes para sancionar a jueces y magistrados cuando cometen errores. Al menos eso es lo que piensan el Gobierno, el PSOE, el PP y la inmensa mayoría de la opinión pública. Una coincidencia fruto de la decisión del pasado miércoles de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces de sancionar sólo con una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado, titular del juzgado sevillano que se olvidó de ejecutar la orden de prisión de Santiago del Valle, el pederasta luego detenido como presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Una coincidencia que se vio reforzada cuando ese mismo miércoles se conocía que esa misma Comisión Disciplinaria y los mismos cinco magistrados que habían decidido la polémica sanción al juez Tirado impusieron una multa de 7.500 euros a otro magistrado, en esta ocasión de Talavera de la Reina (Toledo), por abuso de autoridad y por multar injustificadamente al secretario judicial y a los funcionarios que le denunciaron por falta de higiene. Una multa cinco veces mayor que la de Tirado pese a que en su expediente no aparecía como trágica consecuencia la muerte de una niña.

“Entiendo que la sociedad perciba como insignificante la sanción al juez Tirado, que piense que se ha sido indulgente con él, pero no es así. La Comisión Disciplinaria sólo tuvo en cuenta, porque así debe ser, la negligencia cometida, no las desgraciadas consecuencias que tuvo”. Quien habla así es Enrique López, vocal portavoz del CGPJ saliente y miembro destacado del sector conservador del mismo. Enrique López insiste en que los jueces deben “abstraerse de la opinión pública” cuando toman sus decisiones y que la sanción al juez del caso Mari Luz “es entendida y apoyada por la práctica totalidad de la carrera judicial, gran parte de la Fiscal y numerosos juristas”.

¿Son blandas las leyes con los errores de los jueces? El portavoz del CGPJ lo niega e insiste que en comparación con países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, en España se sanciona porcentalmente más a los jueces. Incluso asegura que otros colectivos de funcionarios de nuestro país también salen mejor parados que ellos.

Sin embargo, las cifras recogidas en las Memorias que cada año publica el órgano de gobierno de los jueces parecen esforzarse en decir lo contrario: de las más de mil denuncias contra jueces y magistrados que llegan por término medio cada año al CGPJ, finalmente sólo acaban en sanción una veintena de ellas, algunos de ellas con simples advertencias o con multas de unos pocos centenares de euros. Basta echar un vistazo a los datos de cualquier de los años para constatar esta abismal diferencias entre denuncias y sanciones, entre los errores y sus castigos.

Año 2005. 1.317 informaciones previas tramitadas. De ellas, salieron 189 diligencias informativas, que se redujeron a 45 expedientes incoados. Finalmente, sólo 16 de ellos acabaron en sanción. La mayor,  dieciocho meses de suspensión al magistrado Gordiano Casas, juez decano de Elche (Alicante), para el que el CGPJ consideró probado que intentó presionar a un compañero para que resolviera en un determinado sentido un proceso en el que se ventilaban cuestiones sobre inmuebles de gran valor económico, favoreciendo a su mujer, que actuaba de procuradora en el mismo. La sanción incluyó también multas por un total de 2.550 euros y su traslado forzoso. El resto de los jueces sancionados aquel año se repartieron suspensiones por un año, por diez meses, por ocho, por tres o multas que no superaron los 2.000 euros. Incluso una se resolvió con una simple advertencia. ¿Separados de la carrera judicial? Ninguno.

De hecho, de los 158 jueces y magistrados sancionados entre los años 2002 y 2007 –de una plantilla de más de 4.500–, sólo tres fueron apartados definitivamente de la carrera judicial. Uno, en 2004. Los otros dos, el pasado año. Uno de ellos fue la titular del Juzgado de los Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos. Entre ellos estaba José Campoy, quien pasó 437 días en la cárcel pese haber sido declarado inocente.

Sin embargo, en ese mismo periodo los que recibieron simplemente advertencias o multas que no superaban los 300 euros ascendieron a más de 30. Sin olvidar que los magistrados sancionados –como ha anunciado ya el juez Tirado– tienen la posibilidad de recurrir ante sus compañeros del Tribunal Supremo, que en numerosas ocasiones terminan anulando las decisiones de sus colegas del CGPJ. Una facultad que, por ejemplo, no tiene el denunciante, aunque sí la Fiscalía.

“Se sanciona poco, mal y siempre por amiguismo”. Quien lanza esta cruda crítica no es ni político ni se oculta bajo el anonimato de la opinión pública. Es Alfons López Tena, miembro también del saliente CGPJ. Este magistrado insiste con rotundidad que al juez Tirado le ha salvado “su pertenencia a una de las asociaciones de magistrados mayoritarias y el corporativismo que existe entre nosotros”. López Tena no ahorra en críticas a una forma de sancionar que “deja bien claro que hay una Justicia para los jueces y otra para el resto de los humanos”.

“Cómo, si no, se explica que a un médico que comete una negligencia se le condene con mayor o menor dureza en función de las consecuencias de las mismas, y con los jueces no se tengan en cuenta dichas consecuencias ni siquiera cuando ésta es la muerte de una niña pequeña”, asegura. López Tena cree, además, que la “benevolencia” de sanciones como la del juez Tirado “pierde el factor ejemplarizante”.

No es su única denuncia. Este vocal destaca también que el tiempo corre a favor de las magistrados y, además, mucho más deprisa que con otros colectivos. La caducidad de sus expedientes disciplinarios es de seis meses –como se encargó de fijar en febrero de 2006 con una sentencia el Tribunal Supremo– cuando la de los que abren a los secretarios y otros funcionarios de los juzgados es de un año. Consecuencia: muchos de los jueces amenazados de sanción dilatan los tiempos para forzar aquella y que sus errores queden impunes. Cinco de ellos, con faltas graves, ya lo han conseguido desde entonces.

600 euros
por dar consejos religiosos en las sentencias

En noviembre de 2007, la Comisión Disciplinaria del CGPJ sancionó con 600 euros al magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria Esteban Campelo por incluir en sus sentencias expresiones “de todo punto innecesarias, improcedentes y extravagantes”. En concreto, recomendó a una pareja en trámites de divorcio que acudiese a la iglesia para reconciliarse: “Hay que partir, como premisa fundamental, de la existencia de Dios, que ha creado el hombre/mujer (,..) y también admitir la existencia del Maligno, que se rebeló contra Dios y se constituye en principal enemigo del hombre, al intentar romper ese lazo de amor”.

Un mes
de suspensión por desentenderse de un detenido

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el 9 de octubre de 2002 suspender en sus funciones durante un mes al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, Ramiro García de Dios, por la comisión de una falta disciplinaria muy grave por desentenderse de un detenido, a quien la Policía había incautado 38 gramos de drogas y que en ese momento estaba hospitalizado por encontrarse inconsciente. El magistrado ordenó devolver el atestado a la Policía para que, una vez recuperado el detenido, «hiciese lo que estimara conveniente o, en su caso, lo presentaran al Juzgado que correspondiese».

Un año
por tener 255 causas pendientes de sentencia

El pasado 23 de enero, el titular del Juzgado de los Social de Teruel, José Luis Eduardo Morales, fue sancionado con un año de suspensión por acumular 255 casos pendientes de sentencia. El retraso provocó que cerca de un millar de empresarios y trabajadores de la provincia tuvieran que aguardar una resolución judicial dos años después de que se celebraran sus respectivas vistas orales.

Una multa
por un retraso que acabó en la muerte de una mujer

El 2 de julio de 2001 la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó imponer a la juez de Alcobendas (Madrid) María del Carmen Iglesias una multa de 200.000 pesetas por el retraso injustificado en la tramitación de varias denuncias de Mar Herrero contra su ex novio, quien finalmente la asesinó.

Siete meses
por presionar en favor del banquero Mario Conde

El 26 de marzo de 2003, el Pleno del CGPJ acordó suspender por siete meses en sus funciones a la juez de vigilancia penitenciaria número 2 de Madrid, María del Prado Torrecilla, denunciada por presionar a una compañera para que concediera el tercer grado penitenciario al ex banquero Mario Conde. El 12 de enero de 2005, el Tribunal Supremó confirmó la sanción. El instructor del expediente disciplinario había planteado la suspensión por tres años y el fiscal, la expulsión de la carrera judicial.

Doce meses
por aprovechar su cargo para no pagar una multa

El 10 de septiembre de 2003, el pleno del CGPJ decidió suspender de sus funciones por un año al juez de Primera Instancia e Instrucción de Cornellá (Barcelona) Carles Almeida Espallargas, quien quince meses antes había redactado un oficio del Juzgado con el fin de poder recuperar su vehículo, que había sido retirado por la grúa municipal, sin el pago de “tasa, coste o gasto”, expresión que añadió a dicho oficio.

Sin sanción
por una resolución que permitió a un narco fugarse

En julio de 2002, el Pleno del CGPJ decidió, por once votos contra nueve, suspender por siete meses al magistrado de la Audiencia Nacional Carlos Cezón, y por seis meses a otros dos jueces de este tribunal, Juan José López Ortega y Carlos Ollero. El Pleno consideró como falta muy grave que los tres dictaran la resolución para ex carcelar al supuesto narcotraficante Carlos Ruíz, ‘El Negro’, que aprovechó para fugarse. Los tres magistrados recurrieron al Tribunal Supremo, que en noviembre de 2004 anuló las sanciones al considerar que el CGPJ se había excedido en su labor disciplinaria y se habían inmiscuído en decisiones jurisdiccionales de los magistrados .

1.000 euros
por hablar de la ‘braga amarilla’ de una testigo

La Comisión Disciplinaria acordó sancionar con una multa de 1.000 euros a la titular del Juzgado de los Penal Número 1 de Huelva, María José Moreno, por el empleo en una resolución judicial de expresiones ofensivas. La juez dictó una sentencia en la que incluyó referencias a la “braga amarilla” de una mujer que declaró como testigo en un juicio contra su ex novio, al que ella había denunciado por darle una bofetada. También destacaba su negativa a bajarse la camiseta que vestía “y a cubrirse la entrepierna con el bolso”.

Suspendido
por el error que puso a un etarra en libertad

En septiembre de 2004, el Pleno del CGPJ suspendió por un año al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco por por dos faltas disciplinarias muy graves, una de ellas de desatención, que permitió la excarcelación del presunto etarra Ibai Ayensa; y otra de retraso injustificado, por haber tardado un año y diez meses en procesar a los miembros del ‘comando Urbasa’ de ETA.

600 euros
para el juez de las sentencias homófobas

El 4 de marzo de 2008, el CGPJ impuso una multa de 600 euros al juez de Murcia Fernando Ferrín Calamita –que se encuentra suspendido de sus funciones– por usar expresiones extravagantes en un auto en el que denegaba la custodia de dos hijas a una madre por su condición de lesbiana: “Es el ambiente homosexual el que perjudica a los menores, y el que aumenta sensiblemente el riesgo de que éstos también lo sean”. La Comisión Disciplinaria decidió aplazar su decisión sobre otras dos propuestas de sanción hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia termine de instruir la querella presentada por la pareja de lesbianas.

1.000 euros
por citar a un vecino para darle 'de hostias'

En mayo de 2005, el CGPJ sancionó al juez de Paz de la localidad cacereña de Salvatierra de Santiago, Jonás Martín, con una multa de mil euros por incurrir en una falta grave por «abuso de autoridad». Consideró probado que el juez citó a un vecino en el juzgado para “darle de hostias”

Dos multas
de 50.000 pesetas por expresiones 'difamatorias'

En noviembre de 1992 se sancionó con dos multas de 50.000 pesetas, por sendas faltas disciplinarias graves, al juez de lo Penal de Alcalá de Henares (Madrid) Miguel González Calderón por considerar que se excedió al incluir expresiones que contenían juicios personales “difamatorios, despectivos” en la sentencia en la que absolvió a un ATS que besó los pechos de una paciente de 60. “No debe sentirse ofendida por esto; más bien es timbre de honor y orgullo”, escribió en el fallo.

Seis meses
por desatender su juzgado en sábado

El juez de instrucción de Martos (Jaén), Juan Antonio Chamorro, fue sancionado a seis meses de suspensión por una falta de desatención al no haber recibido porque era sábado, pese a que estaba de guardia, a un detenido al que sólo debía retirar el carné de conducir y cobrar una multa. Éste permaneció en comisaría privado irregularmente de libertad durante cuarenta y ocho horas.