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El proceso iniciado para dignificar la figura de Lluís Companys tendrá continuidad. Ésa es al menos la intención de la Generalitat, que ha anunciado que pondrá los medios para que los casi 111.000 consejos de guerra que tuvieron lugar en Catalunya durante la inmediata posguerra puedan ser anulados.

"Con el proceso iniciado con Companys sentamos un importante precedente", explicó a Público la directora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono. Este lunes se celebró en el Palau de la Generalitat un homenaje al ex president con motivo del 68 aniversario de su deportación y fusilamiento. El acto no tuvo solo un carácter simbólico, ya que el propio ministerio de Justicia se sumó al mismo. "Este procedimiento burocrático tiene valor político, pero también supone en sí mismo una prueba más para, en su momento, pedir al Tribunal Supremo la anulación", añadió.

En busca de un reglamento

El recurso de nulidad sólo tiene viabilidad en casos acreditadamente injustos, por lo que en el caso del ex presidente, el hecho de que el Ministerio de Justicia reconociera ayer su dignidad será utilizado como prueba posterior para reclamar la nulidad del tribunal que le condenó. El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, anunciaba este domingo que acompañará a Maria Lluïsa Gally, nieta del ex presidente, cuando deba solicitar la nulidad en el Ministerio de Justicia.

El Govern, por su parte, hacía este lunes pública su voluntad de que el Ministerio de Justicia elabore un reglamento claro que tutele un derecho que se encuentra amparado por la Ley de Memoria Histórica. "Si ofrecemos este servicio a los ciudadanos es precisamente porque es un proceso difícil y porque tras la aprobación de la Ley no se ha desarrollado un reglamento que detalle cómo se deben presentar estas solicitudes", explicó.

Juicios masivos

En Catalunya, que durante la Guerra Civil no llegaba a los tres millones de habitantes, se celebraron casi 111.000 consejos de guerra, algunos de los cuales afectaban a diversos acusados. Bono comentó que será la Unidad de Fosas y Desaparecidos quien lleve a cabo este asesoramiento en un procedimiento que a día de hoy presenta una cierta complejidad y que en su momento propició las duras críticas de asociaciones de víctimas como la Comissió de la Dignitat y llevó a ERC a votar en contra de su aprobación.

La declaración de reparación y reconocimiento personal está prevista por la ley para todos aquellos que fueron condenados o sancionados por los órganos penales o administrativos de la dictadura franquista por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

El hecho de que la Generalitat quiera asesorar a los ciudadanos que lo deseen en esta materia se debe en parte a las dificultades que presenta el proceso: la nulidad definitiva requiere de un acuerdo del Gobierno, de la comunicación al Fiscal General del Estado y de la decisión final del Tribunal Supremo. Algo que pocos particulares podrían afrontarse y muy alejado del proceso automático que algunos reclamaron cuando se discutió la Ley de memoria histórica.