Daniel aún recuerda la cena de Nochebuena de 1989. A los postres, sus abuelos evocaban anécdotas de la Guerra Civil. 'Hablaban de lentejas con cucarachas para cenar, hambre perpetua y miedo, mucho miedo'.

Y de repente se hizo el silencio. Uno de sus abuelos, José, se puso a llorar. 'Recuerdo palabra por palabra lo que dijo y, sobre todo, el silencio apesadumbrado que se hizo después. Mi abuelo levantó la vista. La sonrisa se transformó en mueca de dolor y comentó: 'Nunca podréis imaginar el daño que Franco me hizo durante 40 años'', relata Daniel.

José Díaz murió en 2005. Si siguiera con vida hubiera celebrado la noticia de que Franco y sus generales han sido acusados por parte del juez Garzón de crímenes contra la humanidad. La decisión del magistrado apenas deja indiferente a una sociedad que, a casi 33 años de la muerte del dictador y 72 años, 2 meses y 28 días después del Golpe de 1936, se ha divido entre los que consideran que sólo reabre heridas del pasado y los que estiman que, por el contrario, supone un acto de justicia histórica.

Las discrepancias sociales no difieren de las que existen en el ámbito político. Como era previsible, los mayores ataques a la decisión de Garzón provienen del Partido Popular.

En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación -que competen a la Audiencia Nacional-, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.

Entre la indignación y la bufa por el hecho de que, como titula hoy El Mundo, el juez haya dado diez días al registro para que certifique si Franco ha muerto, el chorro de declaraciones críticas se ha sucedido a lo largo del día.

Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Francisco Franco entre 1962 y 1969, ha tildado la decisión de 'disparate' y un error gravísimo porque reabre las heridas del pasado que, a su juicio, se cicatrizaron con las leyes de amnistía de la Transición.  'Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía', ha criticado.

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se trata de 'un esperpento'. 'Me parece que todos los españoles nos habíamos puesto de acuerdo, no en olvidar la Guerra Civil, ni muchísimo menos, sino en recordar que la guerra fue un fracaso colectivo por todos los lados', ha opinado al tiempo que ha arremetido contra los que equiparan al PP con el franquismo  abundando que 'el PP no estaba ni en la guerra ni en la República. El PP se funda en el año setentaintantos, 30 años después de que se acabara la guerra'. 'Que pretendan ahora llamémosle 'limpiar su expediente' a base de tildarnos a nosotros de franquistas, eso sí que no', ha advertido.

En un tono pretendidamente más jocoso ha instado a Garzón a que, coincidiendo con el 200 aniversario de la Guerra de la Independencia, pida 'el certificado de defunción de Napoleón'.

'Creo que es un auto sorprendente y no precisamente para bien', defiende la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien este tipo de cuestiones deben competir a los historiadores, no a los jueces. 'Se tiene que analizar todo lo que allí pasó de una manera bastante profesional y bastante neutral. Y años después, tratar de trasladar o de 'achacar' a determinadas formaciones políticas o a determinadas personas cuestiones que pasaron hace 70 años, no tiene desde luego ningún sentido', ha determinado.

Evidentemente, donde más ha molestado la orden del magistrado de la Audiencia Nacional ha sido en uno de los partidos capitales en la Guerra Civil y buena parte del franquismo. A juicio del vicesecretario general de Falange Española y de las JONS (FE-JONS), Jorge Garrido, se trata de una campaña en su contra y, por ello, su formación está estudiando adoptar 'medidas legales y acciones públicas de protesta' para 'limpiar' su 'buen nombre'.

Al lado contrario de la balanza, el Gobierno ha pedido máximo respeto por dos cuestiones: la primera, por la función 'jurisdiccional, al procedimiento y a los tiempos judiciales'. La segunda,  al dolor de quienes 'lo pasaron muy mal', según ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Gobierno impulsó una ley, conocida como de 'memoria histórica', que pretendía 'amparar y reconocer los derechos de los españoles que no se sentían amparados ni reconocidos en algunos aspectos de su vida o de su historia familiar'. 'Ese era el sentido, ningún otro, y ese sigue siendo el sentido, y ningún otro, poner fin a una etapa triste de nuestra historia, y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor y la dignidad debidos a la memoria personal, familiar y colectiva, y además hacerlo en paz y sin rencor', ha declarado.

Por su parte, el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, ha expresado su satisfacción porque 'construye un paso esencial e imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil'.

El PCE, que ha calificado el auto de Garzón de 'un paso importante para la reparación de la justicia y de la memoria histórica', califica de 'inmoral' la intención de la Fiscalía de recurrirlo.

En un comunicado, el PCE considera 'imprescindible' el resarcimento judicial, moral y económico de las víctimas y sus familias, la condena del golpe de Estado 'fascista' de 1936 contra el legítimo gobierno de la República y la atribución de la responsabilidad a altos cargos de la dictadura franquista.

El abogado del Fòrum per la Memòria considera que la decisión tiene 'un alto significado histórico porque hasta ahora ha habido condenas genéricas desde instituciones como el Parlamento pero esto supone que el poder judicial cuestiona lo que fue el franquismo como un régimen autoritario y criminal'.

¿Abrir heridas o no tocar lo ya cicatrizado? Lo cierto es que, aún en 1989, durante una cena de Nochebuena, José Díaz lo único que tenía cicatrizado en la memoria era el dolor y la injusticia.