El Senado francés comienza a debatir la Ley de Creación e Internet, que pretende instaurar un sistema para suspender la conexión a los abonados que sigan descargando ilegalmente contenidos audiovisuales, tras recibir dos avisos.

El proyecto de ley prevé la creación de un organismo administrativo independiente llamado Hadopi, encargado de enviar un correo electrónico de 'recomendación' en el que advierta de las posibles sanciones a los propietarios de las direcciones IP desde las que se produzcan las descargas ilegales.

'El sistema quiere ser pedagógico, como el permiso por puntos', según la ministra francesa de Cultura, Christine Albanel, responsable de la iniciativa.

En caso de reincidencia en los siguientes seis meses, el Hadopi (siglas en francés de Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos en Internet) enviará una segunda carta de recomendación al interesado.

Si el propietario de la dirección IP (protocolo de internet) vuelve a descargar contenidos fraudulentamente, el Hadopi ordenará la suspensión de la conexión de ese usuario a Internet durante un período de entre tres meses y un año.

Durante ese tiempo, el internauta no podrá contratar una nueva conexión a la Red, aunque deberá seguir pagando la suya, salvo que su modalidad de contrato le permita rescindir el abono.

El proveedor de Internet dispondrá entonces de quince días para suspender la conexión al infractor, bajo amenaza de multa de hasta 5.000 euros en caso de incumplimiento.

El titular del contrato será, además, responsable de las descargas ilegales que otros usuarios puedan hacer desde su conexión y deberá, por ejemplo, vigilar que sus niños no bajen fraudulentamente archivos de la Red.

La Comisión de Asuntos Económicos del Senado propuso ayer una enmienda que sustituya la suspensión de los servicios de Internet por una multa para 'asegurar jurídicamente una respuesta gradual', recomendación que la ministra de Cultura considera 'mucho más represiva'.

El proyecto de ley ha sido criticado abiertamente por los proveedores de Internet, como Orange, filial de France Télécom, que cree que la sanción puede ser 'desproporcionada'.

Las estimaciones del Ministerio de Cultura francés prevén que, de aplicarse la ley, cada día habría 10.000 correos electrónicos y 3.000 cartas de recomendación, además de 1.000 decisiones de supresión del servicio, lo que significa que el 20% de los franceses podría recibir un aviso por el uso fraudulento de Internet.

El texto, que se examina hoy en el Senado, continuará su tramitción parlamentaria a comienzos de 2009.