IU pierde y gana en su intensa campaña contra la privatización de la sanidad madrileña. El 10 de octubre, el ex coordinador general, Gaspar Llamazares, e Inés Sabanés, portavoz en la Cámara regional, instaron al Defensor del Pueblo a que llevase a Esperanza Aguirre al Tribunal Constitucional. Ambos tienen ya respuesta y la anunciaron ayer.

Enrique Múgica, en su respuesta a Llamazares, de cinco folios, explica que no puede presentar un recurso contra la ley 15/1997, la que abrió la puerta de la Sanidad a la empresa privada, porque el plazo de interposición del escrito “finalizó hace ya años”. Sí seguirá “profundizando en la búsqueda de posibles vías de actuación” ante el “deterioro de la Sanidad pública como consecuencia de la proliferación de nuevas formas de gestión de corte privado o empresarial”. Y además tiene en cuenta la “creciente” alarma de ciudadanos y profesionales.

El Defensor remacha que “ha expresado reiteradamente su inquietud” por la progresiva privatización de la sanidad, insistiendo en la “necesidad de mantener incólumes” los pilares del sistema público de salud, “como son los de universalidad, gratuidad, financiación pública y equidad”.

La Comunidad tendrá que responder al Defensor. Este le exige el concierto “de carácter singular” suscrito en 2006 entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz. También le pide cuentas de la situación del nuevo hospital Puerto de Hierro y de la cesión a la multinacional Capio de parte del ambulatorio de Pontones.

Llamazares y Sabanés se dijeron “parcialmente satisfechos” con la carta de Múgica, pues se muestra “muy crítico” con Aguirre. El Defensor les deja además una vía abierta: la de presentar recurso contencioso-administrativo. IU lo registrará y ampliará su denuncia política y social en la Asamblea de Madrid, en el Congreso y en la calle. El diputado apeló al Gobierno central para que 'cumpla su cometido' de inspección y tome medidas.

¿Por qué no cabe recurso? Porque, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 1979, hay un plazo de tres meses para presentar el escrito desde la aprobación de la norma conflictiva. La ley de liberalización de la sanidad es de 1997 y Madrid no ha aprobado ningún real decreto de reformulación de su modelo sanitario que pueda recurrirse.

El Defensor argumenta que el logro de los “retos” del sistema de salud “requiere, necesariamente, la participación e implicación” de los profesionales sanitarios. No se les puede excluir. 

Días atrás, se supo que sólo el 12,8% de los diputados tiene como única actividad su trabajo en la Cámara. IU-ICV busca atajar el problema y ha registrado una proposición de ley que ayer presentó Gaspar Llamazares. Esta persigue “extender el régimen de incompatibilidades a diputados y senadores”, delimitando “mejor” los intereses públicos y privados. Exige “dedicación exclusiva” a los parlamentarios, que están “bien pagados” y no precisan “sueldos complementarios”. Además, las dos formaciones proponen que se prohíba a los ex altos cargos que cobren por partida doble (por diputado y por su responsabilidad). Por último, quiere que se regule el estatus de los lobbies o grupos de presión.