La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha tomado hoy dos decisiones. Por un lado, empezar el proceso de liquidación de bienes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera) y de ANV, ilegalizados por este tribunal el pasado mes de septiembre. Por otro, dar 10 días a sus representantes, para que presenten alegaciones si lo desean, antes de disolver los grupos que representan a ambas formaciones en el Parlamento vasco y en 125 ayuntamientos.

La decisión de la Sala Especial contó con el voto particular de uno de sus 16 miembros, Manuel Marchena, que entiende que es innecesario pedir alegaciones a los grupos de ANV y de EHAK. En su opinión, lo procedente es acordar la disolución de todos ellos, como solicitaron en sendas demandas de ejecución el pasado día 12 los Servicios Jurídicos del Estado. La Fiscalía no solicitó la medida, al entender que las sentencias de ilegalización dictadas contra ambos partidos el pasado septiembre son ejecutivas desde que fueron notificadas.

La Sala considera que no puede proceder a disolver los grupos de representación de ANV y EHAK sin oírles, según estableció el Tribunal Constitucional en 2003. El alto tribunal no concedió entonces el amparo solicitado por Batasuna contra su ilegalización, pero reprochó al Supremo que hubiera procedido a la disolución de sus grupos sin haberles escuchado.

Por eso, ahora, el Supremo ha acordado dirigir un oficio a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, para que comunique al grupo de EHAK que tiene 10 días para presentar alegaciones contra su disolución. Similar trámite sigue el alto tribunal con los alcaldes de los ayuntamientos en los que ANV tiene representación y los presidentes de las Juntas Generales.

Además, la Sala presidida por Carlos Dívar ha ordenado el embargo de los saldos existentes en las cuentas de EHAK y ANV, de las participaciones que pudieran tener en sociedades y de todos sus bienes. Al juez Baltasar Garzón le pide información sobre las propiedades de estos partidos que tenga intervenidos. En el único antecedente existente, el de Batasuna, el proceso de liquidación de bienes se prolongó durante cinco años. Concluyó hace apenas un mes y, en total, el Estado cobrará sólo 544 euros.