Bajo la espada de Damocles de la convocatoria de una huelga de jueces para el próximo día 18, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo (Arenas de San Pedro,1948), marca las líneas rojas: las juntas de jueces y el movimiento 'asambleario' que lanzaron esa convocatoria se han situado dice fuera de la ley. Desde esa premisa, el Gobierno 'está reflexionando' avisa el ministro sobre si deben prohibirse taxativamente las huelgas de jueces, como ya han hecho varios países de la UE. El viernes, un día después de la entrevista, dos asociaciones judiciales, la Francisco de Vitoria segunda en afiliados y el Foro Judicial Independiente, se sumaron a la huelga, lo que multiplicará la magnitud de una protesta inédita que advierte el titular de Justicia hace 'crujir' el marco constitucional.

¿Habrá huelga de jueces?

Confío y deseo que no, y trabajaré todo lo que pueda para que no la haya.

Pero todo indica que la habrá. ¿Quién fijará los servicios mínimos?

El cuadro jurídico en que nos encontramos evidencia hasta qué punto resulta disparatada una huelga de jueces, porque nos sitúa en una ruptura del marco legal. ¿Y quién fija los servicios mínimos? Ni los jueces lo saben. Nuestros servicios jurídicos están estudiando la situación porque creemos que un poder del Estado no puede hacer dejación de sus obligaciones y a ningún poder se le ha ocurrido nunca ponerse en huelga. Imagínese que llegamos a la conclusión de que los servicios mínimos los debe establecer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, y que el Consejo adopta una resolución que no gusta a los huelguistas por restrictiva, como suele ocurrir. Pues nos encontraremos en un escenario enormemente paradójico por calificarlo con suavidad, porque los jueces decidirán entonces sobre los servicios mínimos de los jueces. Y ese razonamiento de que la Constitución no prohíbe hacer huelga a los jueces La Constitución no prohíbe muchas cosas, pero ellos deben de saber que, con motivo de una convocatoria del turno de oficio en Madrid, el Supremo ya dijo que no podían hacer huelga porque prima el derecho a la tutela judicial efectiva.

Habla de ruptura del marco legal...

Hay una ruptura enorme de los parámetros constitucionales. Porque es igual que si un ministro decide hacer huelga. Ahí lo tendríamos más fácil porque seguramente si la hiciera sería un modo definitivo, el presidente lo cesaría, ¿no? Pero los jueces tienen un estatuto de independencia, los gobierna el CGPJ y son titulares de un poder del Estado. La conclusión parece obvia: que no hay derecho a la huelga de los jueces. Por eso cruje el marco desde que alguien ha dicho 'voy a hacer huelga'.

¿Y no sería más fácil legislar para dejar nítidamente claro que no existe ese derecho a huelga?

Sí, mire, aquí se había dado por sentado esa obviedad: que un poder del Estado no puede hacer huelga. Si ahora tenemos este problema, en su momento habrá que darle respuesta, lo que ocurre es que de hoy al 18 de febrero es evidente que no nos va a dar tiempo, si es que es eso lo que finalmente se quiere hacer. No nos va a dar tiempo a legislar. Pero, evidentemente, estamos reflexionando también sobre eso.

¿Reflexionando sobre si es necesario legislar para que quede claro que no hay derecho a huelga en el caso de los jueces?

¿Cómo no vamos a reflexionar también sobre eso? Pues claro que hay que reflexionar. Porque de entrada veo con claridad que no existe ese derecho, pero imagínense si tengo que ir a pedirle a un juez que declare eso mismo. Vaya situación, ¿verdad? Cruje el sistema. Cruje cuando alguien se lo salta.

¿Diría algo el CGPJ si el Gobierno decidiera legislar para aclarar que no existe ese derecho?

Verá, no le estoy diciendo que lo vayamos a hacer porque sería una imprecisión, pero si el Gobierno quisiera legislar sobre ese tema, es obligado el informe del Consejo General del Poder Judicial.

La pregunta se refiere a si esa decisión abriría un frente con el CGPJ.

¿Y por qué voy a pensar que abriría un frente? Sencillamente, en un Estado democrático los poderes están para ejercerlos. Y si el poder ejecutivo cree que debe impulsar una reforma legislativa, lo que tiene que hacer es evaluarlo bien, buscar los apoyos necesarios y llevarla a cabo en el supuesto de que quiera hacerlo. Eso es la normalidad dentro del Estado de derecho.

¿Se sancionará a los huelguistas?

Pregúntenselo al CGPJ, porque el ministro de Justicia no tiene competencias ahí. El Consejo es el órgano de gobierno de los jueces y a sus miembros compete hacer ese análisis.

Sobre quienes quieren ir a la huelga y teniendo en cuenta que las asociaciones no salieron del todo satisfechas de la reunión del lunes con usted

Creo que lo que salieron es desunidas porque hay dos [APM, mayoritaria; y Jueces para la Democracia] que de ningún modo apoyan la huelga del 18. Hay una situación confusa porque las asociaciones han renunciado a la reivindicación económica [revisión quinquenal de retribuciones] y yo les agradecí su altura de miras, pero esa reivindicación está en la huelga del 18 convocada por las juntas de jueces y es muy importante para muchos. Les mueve eso, como podemos ver en sus comunicaciones. Lo del 18 no nació de las asociaciones sino de las juntas de jueces y de un movimiento confuso asambleario. Y me consta que para ese movimiento la reivindicación económica es muy importante.

¿Qué factor lleva a las asociaciones a decir que hubo buen tono pero que el resultado fue insuficiente para desistir de la amenaza de huelga, bien para el 18 de febrero, bien para el 26 de junio?

Pues pregúntenselo a ellas, porque deben explicar por qué ahora. Por qué se hace una huelga contra el Gobierno que más jueces y fiscales ha creado, contra el que ha subido un 60% el presupuesto de Justicia, contra el que por primera vez ha duplicado el presupuesto de modernización tecnológica: 72 millones en 2009 más los 20 que hemos agregado con enorme esfuerzo. Por qué ahora, cuando hay compromisos tan concretos como el de la desaparición del papel en las comunicaciones y la implantación del sistema Minerva y cuando se va a poner en marcha de modo inminente el registro de medidas cautelares? Se lo recordaba a los fiscales: en la primera legislatura del PP se crearon 50 plazas de fiscales y en la segunda, 250. En la primera nuestra, 436 y para esta hay previstas 426. Y con los jueces, igual: hemos creado un 118% más de plazas que el PP. Uno se pregunta por qué ahora.

¿Y por qué?

Pregúntenles a ellos. Me han pedido más plazas de jueces y les he recordado que en cada oposición se queda un 25% de plazas vacantes, lo que prueba que con ese sistema no es posible cubrir las plazas que necesitamos. Les hemos ofrecido un sistema complementario al de las oposiciones, otro modelo no memorístico que garantice el respeto a los principios de mérito y capacidad y la respuesta ha sido que eso es casus belli. Esa contradicción deben explicarla ellos. Y, claro, ha salido un disparatado por ahí pidiendo que se duplique la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes. No está mal, ¿eh? Basta con crear 4.800 jueces en cinco años. ¿Se imaginan?

¿Con ese registro de medidas cautelares, requisitoriales y sentencias no firmes se evitará un nuevo caso Mari Luz?

Mire, allí donde haya un fallo humano se seguirán produciendo problemas. Uno puede tener más o menos herramientas para trabajar, pero todos están en las mismas condiciones de trabajo y sólo cometen fallos de esa naturaleza algunos. Si quien tiene que introducir los datos en el sistema no lo hace o el que tiene que consultarlos no los consulta, dan igual las herramientas. Lo que estamos dando con ese registro es una herramienta más ágil, pero antes también se podía consultar toda esa información. He leído por ahí que había que utilizar el teléfono y, por lo visto, eso es muy complicado.

¿Sigue pensando que bajo este conflicto subyace el caso Tirado?

Yo ya he dicho muy claramente que sobre todo esto planea el caso Tirado. Y lo repito pero no quiero hablar más de ello. Claro que está ahí: basta con leer lo que se publica.

¿Eso significa que hay un enfado general porque usted se pronunció sobre la sanción o que los jueces entienden que nadie debe opinar nunca sobre sus actuaciones?

Pregúnteles a ellos. Yo, cuando se produce una resolución del CGPJ voy a decir lo que estime oportuno. Esa es la esencia del sistema, que los poderes se vigilan recíprocamente y que el CGPJ no es un órgano jurisdiccional sino de gobierno, que toma decisiones que pueden o no ser compartidas. ¿Pero cómo el Gobierno va a renunciar a criticar sus decisiones? ¿En qué país estamos? Pero no quiero volver a hablar de eso, quiero que el ciudadano sepa lo que hace su gobierno por mejorar la justicia y que intente contestarse a la pregunta que yo me hago: ¿por qué ahora?

El PP sostiene que, tras la reunión con las asociaciones, usted ha finiquitado el Pacto de la Justicia.

Yo tengo la sensación de que el PP tiene una natural tendencia a dar por finiquitados los acuerdos con otros. A mí nadie me ha dicho que se ha roto nada, y es verdad que es la tercera o la cuarta vez en lo que va de legislatura que oigo que si no soy muy bueno a lo mejor se rompe el acuerdo. Yo intento ser bueno y benéfico y estoy seguro de que voy a contar con el PP, que debería pensar que lo del día 18 es un movimiento de tipo asambleario, de juntas de jueces que, a mi juicio, está claramente fuera de la ley. ElPP no debería, en resumen, dar pábulo a movimientos que no están en la legalidad. Desearía que el PP ayudara a ir por la senda del diálogo que hemos entablado con las asociaciones y que no sucumba a la tentación de ponerse a la cabeza de la manifestación, bien por un puñado de votos, bien por distraer la atención del pequeño lío en que algunos se han metido. Porque con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial en la mano, sólo hay un cauce de defensa de los intereses profesionales de la carrera judicial: las asociaciones.

Usted tilda de ilegal el movimiento de juntas de jueces pero el CGPJ ni siquiera habla de las sanciones que podrían recaer sobre quienes hagan huelga. ¿Está siendo el Consejo demasiado tibio?

Voy a esperar a que tome una decisión y cuando se pronuncie estaré en condiciones de opinar. Si alguien está en el ejercicio de su responsabilidad, vamos a dejarlo que se pronuncie, que bastante tiene con lo suyo. El consejo cuenta con todo mi apoyo, porque sus miembros acaban casi de tomar posesión y se encuentran con esto. Fíjense con lo que tienen que lidiar.

Reitera que los de Zapatero son los Gobiernos que más han hecho por modernizar la justicia, pero lo cierto es que, según el CIS, sólo el 9% de los ciudadanos cree que los tribunales funcionan bien o muy bien. ¿De quién es la culpa?

En primer lugar, de la propia administración de justicia, que, evidentemente, no debe de estar absolutamente bien cuando la gente opina eso. Es evidente que tenemos problemas, sobre todo de lentitud, y el ciudadano siente una gran lejanía porque no lo ve claro, hay una gran falta de transparencia. Eso es una realidad, pero también lo es que quienes han tenido una relación directa con la justicia, y eso suma el 35% de la población, tiene una opinión mejor que quien no ha tenido contacto directo, que se guía por la experiencia de familiares y amigos pero, también, por lo que cuentan los medios. Y lo que suele ser noticia en los medios es lo anómalo, lo raro, lo patológico. Eso no impide sostener la afirmación básica de que necesitamos hacer un gran esfuerzo de mejora de la justicia, no estamos en absoluto contentos con ella.

Imagínese una lista de espera de 2,5 millones de casos en el sistema escolar o sanitario.

No hay una lista de espera de 2,5 millones de asuntos judiciales.

Pues esa cifra figura en un informe del CGPJ.

Si entran ocho millones de asuntos al año, esos 2,5 son los que están vivos, y seguramente hay ahí un porcentaje importante que lleva más tiempo del que debería. Pero hay una cuestión importante, y es que por diferencias de criterio en los registros, no tenemos una estadística suficientemente fiable, y le pongo un ejemplo: en un accidente de autobús con 50 viajeros puede darse el caso de que se incoen 50 procedimientos que terminarán por unificarse, pero mientras tanto, son 50 aunque surgen de un solo hecho. Antes de junio pondremos en marcha un mecanismo estadístico perfectamente fiable y homogéneo para la obtención de datos.

¿Que no haya una estadística fiable significa que la carga real de trabajo de los jueces es inferior a la que se supone?

Oiga, o lo mismo resulta superior, yo no quiero anticipar. Y, mire, se habla mucho de cantidad y poco de calidad. Nosotros queremos mantener la calidad de la justicia, no podemos ir sólo a un criterio productivista, ¡hala!, a primar al que más haga. ¿Y el que mejor lo hace?

¿Alejará aún más este conflicto y la subsiguiente polémica con el PP la renovación del Tribunal Constitucional?

Creo que el PP vuelve otra vez a no querer renovar el Constitucional. Por eso ha ofrecido unos candidatos que, a mi juicio, están en contra del espíritu de la ley, una ley que el PP combatió y recurrió. Creo que no quiere renovarlo, qué le vamos a hacer, pero vamos a seguir trabajando en todo aquello en lo que estemos de acuerdo.

El Gobierno impugnará las listas de DM3 y Askatasuna y pedirá la ilegalización de ese último partido. Pero, vistos los precedentes de Batasuna y ANV, parece imposible que haya ilegalización antes de las elecciones, ¿no?

El objetivo del Gobierno es que no llegue a estar en el proceso electoral ninguna formación que no cumpla con los requisitos legales, para lo que se utilizarán todas las armas que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, el Consejo de Ministros ha dado instrucciones [la respuesta se actualizó el viernes] para que se impugne las candidaturas sucesoras de Batasuna que se han presentado a las elecciones al Parlamento vasco. En el caso de Askatasuna, si procede, se promoverá su ilegalización ante la sala del 61 del Supremo. Naturalmente, si se anulan las listas, Askatasuna no estará en las elecciones, al margen de su posible ilegalización.