Fueron ayer cuatro horas de comparecencia del vicepresidente madrileño, Ignacio González, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas de la Cámara regional . Cuatro horas en las que PSOE e IU intentaron desentrañar las concesiones sospechosas que ha hecho como presidente del Canal de Isabel II. Cuatro horas en las que evitó explicar por qué empresas vinculadas a familiares suyos han resultado beneficiadas. Se defendió recalcando que los contratos firmados por el Canal son “impecables”, que se ajustan “escrupulosamente a la legalidad, con total transparencia y objetividad”.

De todos, el caso que más dudas plantea es la mutación de los antiguos depósitos del Canal en un campo de golf. Quien se llevó la explotación y gestión de las instalaciones fue Green Canal Golf, una Unión Temporal de Empresas formada por Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última era propiedad de José Antonio Clemente, socio del hermano del vicepresidente (Pablo González) y de un cuñado (José Juan Caballero) en otra compañía, Tamanaco 07 Consulting. “No hay ni una sola empresa, ni ahora, ni antes, ni durante, que haya tenido nada que ver con la Administración en la que estén familiares míos”, recalcó. El vicepresidente no desmintió ninguno de los datos desvelados por Público.

El vicepresidente puso el acento en dos puntos. Uno, que Green Canal Golf era la segunda empresa de las que compitieron en concurso con mejor oferta económica: proponía un canon de 3,2 millones, frente a los 1,5 millones de la licitación. “Es la empresa la que paga el canon, no al revés”. La sociedad que ofertó un canon mayor fue descartada “por poca solvencia”.

Segundo punto de defensa: que en enero de 2008 Tecnoconcret vendió todas sus acciones a Iridium, que pasó a ser la dueña del 100% de Green Canal. No aludió a que el pasado noviembre, en una ampliación de capital, se hicieron con la mayoría de Tecnoconcret su hermano y su cuñado. Tampoco que Clemente y Caballero ya aparecían en 2006 como promotores del proyecto del campo de golf en la fase de construcción del mismo.

González debía dar cuentas de la concesión de contratos de limpieza y seguridad a Saminsa y Segurisa. Pero soslayó el ataque de PSOE e IU: por qué viajó a Suráfrica en 2008 con el propietario de ambas compañías, Enrique Sánchez, viaje en el que los dos fueron presuntamente espiados.

La oposición quedó indignada. “No ha respondido a lo que le planteamos, tira balones fuera”, dijo Livia Castillo (PSOE). Reyes Montiel, de IU, exigió su dimisión.

1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?

No lo aclaró.

2. ¿Conoce Ignacio González a Clemente?

No lo aclaró. 

3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?

Admitió que Only Golf sí lo hizo, pero negó que sus familiares participaran en la creación de esta firma. 

4. ¿Eran Clemente y Caballero promotores de proyectos en la empresa Only Golf? 

No lo aclaró. 

5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?

Dijo que era la mejor oferta, pero no habló del socio de su hermano. 

6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?

No lo aclaró. 

7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?

No lo aclaró. 

8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?

Afirmó que el Canal no tiene que autorizarlo, pero sí fue informado de la venta de acciones el 21 de enero de 2008. 

9. ¿Para qué se le dio entonces la concesión a Tecnoconcret?

No lo aclaró. 

10. ¿Cuál fue el precio pagado por ACS?

Dijo que ACS pagó 30.000 euros. La ganancia para Tecnoconcret fue de '14.000 euros'. 

11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?

No lo aclaró. 

J. R. | Madrid

El PP ha necesitado 19 días para registrar en la Asamblea de Madrid su lista de comparecientes en la comisión de investigación que estudiará el supuesto espionaje en la Comunidad. Lo hizo ayer. Presentó una relación de únicamente 12 nombres. Entre ellos, cargos técnicos, sólo un presunto espiado –el vicepresidente, Ignacio González–, el polémico consejero de Interior, Francisco Granados, y el ex titular socialista de Gobernación Virgilio Cano, diana recurrente de los conservadores en los tiempos en los que gobernaba la Comunidad Joaquín Leguina (1983-1995).

Según explicó el portavoz del PP en la Cámara regional, David Pérez, la comparecencia de Cano se justifica por sí misma: él dirigía las competencias de seguridad del Ejecutivo autonómico, por lo que “puede aportar algo”, y permitir así trazar “unas buenas bases de trabajo”.

Por la misma razón, añadió Pérez, su grupo llamará a Carlos Mayor Oreja, consejero de Medio Ambiente (con poderes en seguridad) con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente.

Pero Cano se vio envuelto en los noventa en el caso Atocha –presuntas irregularidades del Gobierno de Leguina– y, en 2001, pidió baja cautelar en el PSOE al acusarlo la dueña de un prostíbulo de haber recibido dinero para la obtención de una licencia municipal. Maru Menéndez, la portavoz socialista, explicó que no le inquieta la comparecencia de Cano puesto que fue “absuelto” del caso y, de hecho, se le readmitió en el PSOE en 2008.

Inés Sabanés (IU) señaló el “cambio de estrategia” de Esperanza Aguirre, que ha pasado de pedir informes por el presunto espionaje a Manuel Pizarro a citar a cargos técnicos, desnudando el carácter “político” de la comisión, prueba del “pacto interno en el PP”. Pérez insistió en que persigue la “transparencia”, para dejar claro “que no se ha espiado a nadie”.