El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y también el PP, prefieren ahorrar cualquier análisis sobre la querella que cuatro letrados han presentado en la Audiencia Nacional contra los seis abogados de George W. Bush que construyeron el armazón del Estado que permitió justificar la ilegalidad del penal de Guantánamo (Cuba). La demanda, de fecha 17 de marzo, ya está en manos del juez Garzón, como ayer adelantó Público. Preguntados por el asunto, ni el Ejecutivo ni la oposición quisieron sopesar qué influencia podría tener la investigación y cómo impactaría esta en las relaciones diplomáticas con la nueva Administración de Barack Obama.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, comunicó ayer desde Mérida (Badajoz) la directriz emitida desde la Moncloa: “Respeto absoluto” a lo que determine Garzón, que por lo pronto ha pedido a la Fiscalía que examine la querella. 'Serán los tribunales y sólo los tribunales los que tengan que tomar una decisión sobre este tema”, resolvió De la Vega, que también se felicitó por la “nueva posición” que defiende EEUU respecto a Guantánamo, informa Europa Press.

En Asuntos Exteriores fueron aún más telegráficos: “No tenemos absolutamente nada que decir. En su momento, si Garzón abre la investigación, se dirá”, replicó una portavoz del ministerio consultada por este periódico por si podría enturbiarse a partir de ahora el clima de cordialidad entre Madrid y Washington.

Y es que España ya tuvo que apagar en enero la ira de Israel por un caso similar. Entonces, el juez de la Audiencia Fernando Andreu admitió a trámite una denuncia contra un ex ministro israelí y seis cargos militares por un bombardeo contra Gaza en 2002. La todavía titular de Exteriores israelí, Tzipi Livni, aseguró que Miguel Ángel Moratinos le había prometido revisar el principio de jurisdicción universal. Nada más se supo. “Depende del Ministerio de Justicia”, se excusaban ayer en Exteriores.

La misma actitud rondó en el Partido Popular. “Es imprudente, innecesario e irresponsable emitir juicios antes de que se pronuncie Garzón”, señaló Gustavo de Arístegui, portavoz de Exteriores. “Hemos sido muy duros contra el limbo jurídico de Guantánamo, pero ahora conviene ser prudentes y respetar al Poder Judicial”. Elena Valenciano, su homóloga del PSOE, también prefirió reservarse su opinión hasta que el juez emita su auto.

Willy Meyer, responsable del Área de Internacional de Izquierda Unida, se mostró más exigente: “Que el Gobierno no se comporte ahora como con Israel, que no amenace con restringir la jurisdicción universal”. El dirigente de la federación deseó que la causa converja con la ya abierta sobre los vuelos de la CIA en la Audiencia para que así “se depuren todas las responsabilidades penales de estos crímenes de lesa humanidad”, apostilló.

La exclusiva que ayer reveló Público tuvo rápido eco en la prensa internacional. España sería el primer país del mundo en investigar judicialmente, fuera de EEUU, las torturas de Guantánamo.

La agencia francesa AFP y la británica Reuters rebotaron la noticia. The New York Times reconoció que es un “paso adelante” para buscar responsabilidades en el Gobierno Bush. Añade que será un gesto simbólico, ya que quienes idearon Guantánamo no serían arrestados si no salen de EEUU.