La Generalitat empezará a hacer valer su opinión en la gestión de los trenes de Cercanías de Barcelona a partir del 1 de enero de 2010, pero su voz no será única y determinante hasta 2011. José Luis Rodríguez Zapatero había prometido su traspaso para enero de 2008, pero éste no recibió hasta ayer un impulso 'político' que parece definitivo.

El año que viene el Estado y la Generalitat compartirán la gestión y deberán esforzarse para acordar los detalles y la dotación económica de la transferencia, una de las más importantes del Estatut, que hace tres años entró en vigor. Si todo marcha según lo previsto, el traspaso será definitivo en 2011 cuando, ya sólo, el Ejecutivo catalán pueda decidir quién y en qué condiciones opera una red que en los últimos años ha tenido muchos y graves problemas y que usan 334.000 personas cada día.

José Montilla trasladó a José Blanco su determinación de recibir el traspaso sólo en condiciones aceptables. El trabajado 'acuerdo político' sobre la metodología y calendario de transferencia lo sancionaron ayer en Barcelona el president de la Generalitat y el ministro de Fomento.

La Generalitat se resigna a la falta de concreción económica y a dilatar calendarios pero en 2011, cuando vence el contrato-programa entre Fomento y Renfe, decidirá si la compañía pública estatal sigue dando el servicio o opta por crear una nueva empresa pública catalana que lo dé. Esta baza le refuerza si debe negociar con la operadora estatal.

Montilla insistió, para calmar a los sindicatos de Renfe, uno de los escollos del traspaso, en que si se releva a la operadora sus trabajadores se subrogarán y sus condiciones laborales no se alterarán.

En julio la comisión bilateral Estado-Generalitat creará una comisión mixta entre ambas administraciones y Renfe, que durante 2010 pilotará la sustitución del Estado por la Generalitat (que ya nombrará director de Cercanías) en la gestión. También acordará cuánto dinero destina Fomento al servicio y qué bienes se transfieren. La infraestructura viaria seguirá en manos del gestor Adif, que firmará un convenio con el Govern.

Con este traspaso, del que Blanco destacó la 'enorme complejidad técnica y jurídica', el Govern tendrá en breve competencias en asuntos como horarios, precios o recorridos de los trenes. El ministro recordó, además, que hasta 2015 Fomento tiene comprometida una inversión de 4.000 millones de euros para 'poner al día' la red. Montilla explicó que se hará un 'control conjunto' de las mejoras.

Las nefastas (o en el mejor caso inexistentes) relaciones con Magdalena Álvarez parecían ayer prehistoria y, pese a los muchos flecos, el buen clima presidió la estancia de Blanco en Barcelona. El ministro también visitó al alcalde y dos obras emblemáticas: la estación del AVE de la Sagrera, cuya financiación desbloqueará 'en 15 días' y la T-1 del aeropuerto del Prat, que se inaugurará el 16 de junio en presencia del presidente Zapatero.

En materia de aeropuertos Blanco evitó, como hizo en su día el equipo de Álvarez, cerrar la puerta a que la Generalitat tenga un papel 'determinante' en la gestión del Prat descentralizando AENA. Pero tampoco hizo ningún anuncio que permita lanzar campanas al vuelo. El asunto está 'en estudio' y se trata de conciliar el interés 'general' y las 'legítimas' aspiraciones catalanas con esta infraestructura.

Otro tema candente es hacer realidad un corredor mediterráneo de alta velocidad ferroviaria que una el País Valenciano con Catalunya y les de salida conjunta a Francia, un asunto que hasta ahora ningún titular de Fomento había asumido como propio, ya fuera a nivel de discurso o proyectos. Blanco será el primero. Para él será 'una prioridad' a defender, también ante las instituciones europeas, con el objetivo de que estos territorios saquen todo el jugo a su 'potencial exportador'.

Ante un Montilla satisfecho por el tono y los compromisos que ahora habrá que plasmar, el ministro recordó el volumen de las inversiones del Gobierno con Catalunya (“por cada euro que invertían los gobiernos del PP con apoyo de CiU el del PSOE invierte 2,5”) en cumplimiento del Estatut.