El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu se vio obligado ayer a revocar la orden de prisión que dictó el jueves contra los siete primeros piratas somalíes apresados por el buque de la Armada Española Marqués de la Ensenada en aguas internacionales del golfo de Adén.

La Fiscalía, que el jueves instó que se acordara la prisión, cambió ayer de criterio y pidió al juez que revocara la medida y que los arrestados fueran entregados a Kenia en virtud de un 'canje de notas', firmado entre la Unión Europea y el país africano sobre entrega de personas sospechosas de haber cometido piratería.

Pero el juez no cree que se puedan hacer así las cosas. Por eso ordena a 'la autoridad bajo [cuya] custodia se encuentran' -la Armada española- que les deje en libertad 'inmediatamente'.

En absoluta disconformidad

Andreu dice que está 'en absoluta disconformidad' con la decisión que ha tenido que adoptar por el cambio de criterio de la fiscal adscrita al caso, Blanca Rodríguez, 'dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos -la propia Fiscalía hablaba al solicitar la prisión de detención ilegal, robo con fuerza y empleo de armas-, la indiscutible competencia' de la Audiencia Nacional 'y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga' de los imputados.

Según el juez, los piratas no pueden ser enviados a Kenia, porque ello 'quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso', que obligan a realizar ciertos trámites para la entrega de personas a otros países.

El convenio firmado, explica el juez, no puede afectar a personas que se encuentran ya inmersas en un proceso judicial, abierto en la
Audiencia Nacional a raíz de la denuncia que cursó el Estado Mayor de la Defensa sobre lo ocurrido.

El juez tampoco accede a archivar el caso, pese a que es consciente de que, al ordenar la puesta en libertad, no podrá, 'finalmente, terminar con el enjuiciamiento de los inculpados'. Los otros siete piratas arrestados el jueves correrán la misma suerte.