'En la responsabilidad política, no existe la presunción de inocencia que rige en el ámbito penal. Aquí lo que rige es la presunción de culpabilidad'. Quien así opina es Rafael Bustos, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y uno de los más reputados expertos españoles en la materia.

El diputado del PP Federico Trillo no está de acuerdo y se resiste a asumir responsabilidad política alguna en relación con las identificaciones erróneas de los cadáveres de los soldados fallecidos en el accidente del Yak-42, llevadas a cabo por sus subordinados cuando él era el titular del Ministerio de Defensa. ¿Los motivos? Que él no sabía nada y que, en todo caso, su responsabilidad política quedó lavada con su salida del cargo después de las elecciones.

Algo parecido ha tratado de argumentar el PP en las últimas elecciones buscando y consiguiendo un resultado arrollador en el País Valenciano que sirviera de absolución a su presidente, Francisco Camps, imputado en la trama Gürtel por haber aceptado supuestamente trajes a cambio de favorecer a determinadas empresas con contratos públicos.

En el caso de Trillo, el razonamiento del PP se apoya en que ni siquiera llegó a ser procesado. Los dirigentes conservadores han decidido obviar que, como señaló en su día el ya fallecido catedrático de Derecho Constitucional Joaquín García Morillo, un ministro 'es responsable de la actuación de las personas a las que se otorgó confianza política o de aquellas de las que muy racionalmente puede pensarse que han actuado siguiendo instrucciones'. De hecho, es lícito presumir 'que todas las actuaciones de un departamento ministerial se llevan a cabo por orden del ministro. El desconocimiento no es suficiente para enervar la responsabilidad política', señala un artículo de García Morillo publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional.

Ni siquiera haber escapado al fallo del Yak limita la responsabilidad de Trillo. 'La inocencia penal no implica la inocencia política', subraya Bustos. 'En la responsabilidad política, la inocencia o culpabilidad se establecen a partir de la convicción social, no de la existencia de pruebas incontestables'.

Que la ausencia de condena judicial no es sinónimo de falta de responsabilidad política es una idea que comparte Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Público de la Universidad Jaume I. En su libro La responsabilidad penal de los miembros del Gobierno en la Constitución, sostiene la existencia de actuaciones en el orden político que pueden sancionarse 'con la dimisión voluntaria de un ministro o con su cese por parte del presidente del Gobierno' y que 'no tienen por qué derivar en responsabilidad jurídica'.

También comparte esta tesis César Aguado, profesor de Derecho Constitucional de la Autónoma de Madrid (UAM). 'El plano político se mueve en el ámbito de las nociones de inoportunidad o inconveniencia de una acción'. No obstante, advierte, tampoco 'la responsabilidad política puede constituir, en un sistema político normal, un recurso indiscriminado' de las principales fuerzas políticas sin correr el riesgo de caer en el descrédito.

Enric Bartlett, profesor de Derecho Público en la Facultad de Derecho de ESADE, coincide con la distinción entre responsabilidad penal y política, pero precisa que, desde su punto de vista, de una imputación penal no debe derivarse la existencia de responsabilidad política.

Bartlett, a diferencia de sus colegas, no es partidario de que las imputaciones penales se traduzcan en dimisiones porque la aplicación de este criterio puede tener como consecuencia situaciones tan 'lamentables' como la de Demetrio Madrid, el presidente socialista de Castilla y León que acabó siendo absuelto después de abandonar su cargo tras una acusación en los tribunales. 'Se privó sin razón a los ciudadanos de un presidente', argumenta.

La suya, con todo, es una opinión que no comparten otros expertos. José Ramón Montero Gibert, catedrático de Ciencia Política de la UAM, se muestra claramente a favor de las dimisiones para sustanciar los casos de responsabilidad política, entre otras cosas porque la responsabilidad penal tarda años en concretarse.

Aguado, a su vez, admite que, en relación con los protagonistas de un proceso judicial, 'puede tener sentido la exigencia de responsabilidad política, cuya proyección más evidente es la dimisión', aunque se pregunta quién debe declarar que se ha llegado a una situación que así lo exija.

'No hay más juicio posible que el difuso de la opinión pública' expresado a través de las elecciones o de los medios de comunicación, pero 'la memoria electoral suele resultar frágil' y la prensa en España está muy polarizada, se lamenta.

Es verdad que, en este debate, la trayectoria de Trillo no juega a su favor. Él mismo defendió en el Congreso la legitimidad de exigir responsabilidad a los políticos por lo que hacen sus subordinados. Fue en junio de 1995, en un debate con el entonces presidente Felipe González en relación con el uso que su secretaria había hecho de determinados fondos.

'Una secretaria particular hace lo que su jefe le ordena que haga y las responsabilidades son imputables a su jefe; es decir, a usted, señor González', razonaba entonces Trillo.

Con ese planteamiento, el portavoz de Defensa del PP no hacía más que ser fiel a su partido. José María Aznar sostenía, en agosto de aquel año, que la imputación o no de González en el sumario de los GAL no era 'relevante a efectos de la determinación de sus responsabilidades políticas'.

¿Se puede afirmar que Trillo es el responsable político de los hechos por los que han sido condenados tres de sus subordinados? 'Por supuesto', responde sin titubear Bustos. 'La expresión británica es que por cada sello pegado en el ministerio, es responsable el titular de la cartera. El responsable político es él y sólo él', concluye.

Que las elecciones hayan puesto fin a su mandato no implica, en su opinión, la caducidad de la responsabilidad política, porque 'el elector no puede castigar individualmente en un sistema de listas cerradas'. Otra cosa es determinar si la dimisión que no presentó en su día como ministro, deba ahora hacerla efectiva como diputado. 'Si consideramos que se encuentra en un supuesto de gravedad extrema, la respuesta es afirmativa', responde Bustos.

De nuevo, Bartlett se muestra en desacuerdo. Acepta que, en el caso de Trillo, tendría sentido exigirle responsabilidades por lo que hicieron sus subordinados, pero sólo si aún siguiera en el ministerio. 'En este caso, la responsabilidad quedó depurada' por las elecciones, dice.

César Aguado, que rechaza expresamente referirse a ningún caso en concreto, pero sí opina en términos generales, explica que el razonamiento de la absolución electoral 'sería impecable si el sistema electoral permitiera individualizar la responsabilidad política, como sucede en los sistemas electorales con distritos uninominales'. 'En España, donde los candidatos forman parte de una lista cerrada, no hay posibilidad de individualizar la responsabilidad política', matiza.

Su colega en la Autónoma de Madrid, José Ramón Montero, critica que los partidos crean que los votos 'absuelven' a los cargos públicos que tienen comportamientos reprobables. 'Se escudan en eso, se colocan en las listas y se fían en el largo plazo. Es una trampa', asegura, porque a la hora de votar los ciudadanos se ven obligados a decidir en función de una gran variedad de motivos y sólo podrían expresarse sobre un caso de responsabilidad política a través de un plebiscito.

En el caso de Trillo, Montero también observa una clara responsabilidad política, 'especialmente cuando ha habido castigo judicial' para sus subordinados. 'Es cierto que ha sido elegido por los votantes de Alicante, pero, desde el punto de vista político, la relación de causalidad es clara'.

Montero pone el ejemplo de los países escandinavos, en 'los que estas cuestiones son castigadas. Basta un comportamiento desviado y la regla es la dimisión. Aquí, en el sur de Europa', se lamenta, la estrategia pasa por aguantar a 'ver si los electores se olvidan'. Y aunque reconoce no tener 'un criterio muy claro' acerca de si Trillo debe dimitir como diputado por algo que ocurrió cuando era ministro, sí tiene la 'impresión' de que su responsabilidad política no se ha extinguido.

La regla de oro, agrega, debería ser lo que en el mundo anglosajón se conoce como accountability, un término vinculado a la rendición de cuentas. 'Son los ciudadanos los que dejan el poder en manos de los representantes políticos a cambio de que den cuenta de cómo lo han ejercido. Pero me temo que también eso hemos empezado mal', concluye.