La Policía peinó ayer los ayuntamientos de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, dos puntos clave en el desarrollo de la trama corrupta del caso Gürtel, y recabó decenas de contratos adjudicados a empresas presuntamente vinculadas al grupo que dirigía Francisco Correa. Fuentes de la investigación subrayaron que el juez Antonio Pedreira ordenó los registros ante la 'falta de colaboración' de sus gobiernos locales, ambos regidos por el PP y a los que el Tribunal Superior de Madrid ya había reclamado la documentación requisada ayer. Tanto el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, en libertad bajo fianza de 1,8 millones, como el de Majadahonda, Guillermo Ortega, están imputados en el caso Gürtel.

En los registros que comenzaron sobre las nueve y media de la mañana y proseguían, al menos en Boadilla, al cierre de esta edición la Policía tenía claros sus objetivos. Según las fuentes consultadas, la Policía se hizo en ambos municipios con los contratos del servicio municipal de basura limpieza, otorgados tanto en Boadilla como en Majadahonda a la UTE FCC-Sufi mediante concurso. Entre los imputados del caso Gürtel figura el ex directivo de FCC Enrique Carrasco.

La Policía encontró en Boadilla un segundo contrato de FCC que tenía encargado localizar, el de mantenimiento de parques y zonas verdes. Según fuentes de la investigación, los agentes responsables del registro encontraron prácticamente todos los documentos sujetos a búsqueda tanto en Boadilla como en Majadahonda.

En esa segunda localidad, los registros permitieron recabar datos sobre la sociedad Proyecto Twain Jones, a través de la cual y como ya informó Público, Jacobo Gordon, imputado y ex socio de Alejandro Agag, promueve viviendas de lujo en una oscura operación urbanística. Las fuentes consultadas aseguran que también coincidió en las dos localidades la reclamación de los contratos de gestión de la oficina de atención al ciudadano, otorgados a Easy Concept y que ya había reclamado Garzón en el caso de Boadilla.

En la abultada lista de papeles recabados por la policía en Boadilla figuran igualmente las adjudicaciones a Teconsa y UFC, empresa del imputado José Luis Ulibarri a la que en 2006 el ayuntamiento de Boadilla adjudicó suelo para 139 viviendas.

Los registros de ayer avalan lo que la investigación desarrollada hasta ahora ya sugería: la existencia de una pauta común para beneficiar a un mismo grupo de empresas las directamente conectadas a Correa así como a otras supuestamente abiertas a pagar sobornos a cambio de adjudicaciones públicas. Tanto en Boadilla como en Majadahonda, la Policía pidió documentos de las compañías de bandera Gürtel: Special Events, Easy Concept (antigua Downtown Consulting) y TCM.