Un total de siete organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Human Right Watch o los sindicatos UGT y CCOO, han suscrito un comunicado en el que declaran como "día de luto" por la limitación de la Justicia Universal impulsada por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Los firmantes aseguran que la reforma de la legislación que regula las competencias de la justicia española en los delitos cometidos en otros países se ha producido "sin que haya mediado un debate transparente y público", y denuncian que con este gesto "se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales".
"La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera", advierten las organizaciones.
Según explican, con el texto aprobado en el Pleno "la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación".
"Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos", denuncian las organizaciones.
Por otra parte, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) anunció que se sumará a un manifiesto que ya ha refrendado un millar de entidades y que exige al Gobierno que paralice esta reforma porque atendiendo a los convenios internacionales España "tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra".
El manifiesto considera que esta resolución es un "claro incumplimiento" de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado español y afirma que su aprobación "supone, en la medida en que impida enjuiciarlos, un acto de encubrimiento". "La decisión traerá también consigo, en consecuencia, una evidente limitación de los derechos de las víctimas", defienden los firmantes.
EL PSOE, perdón, el PSBE,(Partido Socialista Burgués Español), del centro derecha de España, acaba de dar un paso definitivo en su refundación, en partido de derechas liberal, posicionarse en contra de la fiscalidad progresiva, aportando mas quienes mas tiene y de limitando a la justicia por la limitación de la Justicia Universal, creo que es bastante evidente el giro derechista de este partido, la clase trabajadora de este país ha de tener en cuenta estos giros, para que de un modo democrático, dejemos de apoyar a quien ha dejado de representarnos, a cambio de ser una burocracia partidista, que desea mantenerse en el poder, a cual quier precio, ya quedó claro mi próximo voto no sera para el PSOE, perdón, PSBE, como decimos por estas tierras "manda carallo"
http://pazahora.org/novedades/?p=133
COMUNICADO DE AMNISTIA INTERNACIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, Y ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS (CC.OO, UGT, APDHE, AEDIDH, FADPDDHH y PAZ AHORA).
“Día de luto para la justicia internacional”
Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados ha dado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.
En el día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales.
La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera.
La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación.
Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores.
Además, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución Española.
Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos.
Por último, demandamos coherencia al Gobierno y legislativo español dado que como en este caso, sus decisiones legales no se compadecen con la literatura o propaganda -ya denunciamos ahora- de defensa de los derechos humanos y de un apoyo a una paz justa que periódicamente realizan y que hacen sonreir a los criminales por su ineficacia y ahora las víctimas las pueden calificar de hipocresías farisaicas.
Esta propuesta de modificación de la ley que favorece la impunidad de graves crímenes cometidos por Israel es una continuidad del deslizamiento y apoyo que nuestro país realiza por acción u omisión a las posturas de hechos consumados israelíes. Así, tras el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que declaraba ilegal el Muro que Israel construye en la Cisjordania ocupada e insta a los Gobiernos a realizar cuanto sea posible para reinstaurar la legalidad, España hace caso omiso y sigue apoyando la normalización israelí. No demanda por daños la destrucción del aeropuerto de Gaza construido con los impuestos españoles y no quiere denunciar el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel que establece su suspensión en caso de que no se respeten los derechos humanos o el derecho internacional.
Una coalición de partidos conservadores, PSOE, PP, CiU y PNV han propuesto la modificación legal, que se votará el día 25 de junio, para suprimir, de facto, la posibilidad de que las víctimas de graves crímenes y que no pueden acudir a otras instancias, agrandando la
El Ministro de Asuntos Exteriores y cooperación, Miguel Ángel Moratinos, fue el que accedió a cambiar la legislación española sobre jurisdicción universal, tras hablar con la entonces ministra israelí Livni y haberse admitido la demanda, por estar fundamentada, de un caso que afectaba a graves crímenes, en este caso el que hubo como consecuencia de un bombardeo de una tonelada de explosivos que ocasionó 14 muertos, en Gaza en el año 2002 y que sigue impune.
También hay que recordar que el actual ministro del ejército israelí, el laborista Barak, cuando tuvo conocimiento de la admisión de la demanda, manifestó que se pondría en contacto con su compañero de Internacional Socialista, Rodríguez Zapatero, para impedir que continuara su curso dicha demanda, sin que haya sido desmentido.
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