La tensión que vive la provincia de Xinjiang no es nueva. En agosto de 2008, grupos rebeldes uigures llevaron a cabo varios ataques contra las autoridades, sembrando la alarma justo antes de los Juegos Olímpicos. Entre ellos, el ataque a una comisaría en Kashgar, que se saldó con la muerte de 16 policías chinos.

En esa ciudad, antiguo enclave de la Ruta de la Seda, el Gobierno ha ordenado derribar el centro histórico para modernizar y mejorar las condiciones de vida. La decisión ha irritado a la comunidad uigur, que lo ve como un intento de eliminar su patrimonio e imponer la cultura de la etnia han, a la que pertenece el 90% de la población china.

Los uigures son musulmanes con un idioma y cultura de origen turco. China cree que existen grupos separatistas vinculados con el terrorismo islamista, pero las organizaciones internacionales acusan al Gobierno chino de exagerar las posibles amenazas terroristas para mantener la represión policial y religiosa.

Miles de inmigrantes de la etnia han llegaron a Xinjiang en las últimas décadas animados por el Gobierno, que fomenta esa emigración económica hacia el Oeste. Por ello, la población de Xinjiang ha alcanzado los 20 millones de habitantes, pero sólo ocho millones son uigures.

Xinjiang es una provincia estratégica por su posición fronteriza con Asia Central y por su riqueza en recursos energéticos, gas y petróleo, pero los uigures lamentan que están bajo control de empresas chinas y se sienten discriminados a la hora de beneficiarse del desarrollo económico o de encontrar empleo con respecto a los chinos han.

Tanto tibetanos como uigures denuncian ser víctimas de una fuerte represión cultural y religiosa por parte de Pekín. El mes pasado, EEUU se negó a entregar a China a 17 presos uigures liberados de Guantánamo por miedo a que sean encarcelados en su país.