El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido el acto de bienvenida convocado para esta tarde en Ibarra (Guipúzcoa) con motivo de la puesta en libertad de la etarra Maite Aranalde, extraditada por Francia el pasado martes y que abandonará hoy la prisión tras abonar una fianza de 12.000 euros.

Moreno, que se encuentra de guardia esta semana, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que esta mañana ha pedido la prohibición del acto al considerar que estaba organizado por la formación ilegalizada Askatasuna y que 'se enmarca en el objetivo de la directriz de ETA de tributar homenajes a sus militantes a sus militantes con ocasión de su excarcelación'.

El magistrado asume los argumentos del Ministerio Público y considera que de celebrarse dicho acto se estaría cometiendo un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Según el escrito de la Fiscalía, del informe aportado por la Policía se desprende que el homenaje convocado en la localidad natal de la etarra supera los fines constitucionales de los actos de reunión y manifestación puesto que tienen, 'como única pretensión', enaltecer a personas que han cometido delitos terroristas, lo que supone un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha retirado esta misma mañana el pasaporte e impuesto la prohibición de salir del territorio nacional a Aranalde Ijurco, además de fijarle comparecencias semanales, después de que ayer le impusiera la citada fianza para eludir la prisión.

La etarra saldrá esta tarde de la prisión madrileña de Soto del Real pese a estar acusada en España en varios procedimientos judiciales, ya que Francia sólo ha concedido de momento su extradición para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al 'comando Donosti' de ETA.

Previsiblemente, Aranalde será absuelta por estos hechos, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos, motivo por el que Velasco rechazó adoptar contra ella una medida cautelar más contundente como sería la prisión provisional.

Si hubiera llegado la documentación de Francia, esta medida sí podría haberse acordado en otra de las causas en las que la etarra está imputada: la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid en plena operación salida del puente de la Constitución en 2004.

Por lo tanto, la Audiencia Nacional está ahora a la espera de que las autoridades francesas resuelvan la orden de detención y entrega (OED) librada contra Aranalde por estos hechos, momento en el que sería citada de nuevo ante el juez y previsiblemente la Fiscalía pedirá su ingreso en prisión.

La etarra también estaba reclamada por otra causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por colaboración con organización terrorista, aunque su defensa ha aportado la sentencia dictada en junio de 2008 por la Cámara Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París que la condenó a seis años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.