El Informe Global sobre la Corrupción 2009 elaborado por Transparencia Internacional (TI), centrado en el sector privado, destaca que los casos urbanísticos han acentuado el grado de corrupción en España, al tiempo que señala que aunque se han tomado medidas para combatirlo, estás son insuficientes.

Así lo puso también de manifiesto el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, quien ha asegurado que los casos urbanísticos son una de las 'principales causas' que han hecho aumentar la corrupción en España.

Lizcano hizo esta consideración durante la presentación del informe, según el cual en España se han aprobado algunas leyes que podrían ayudar a la lucha contra la corrupción, lucha que, no obstante, cuenta con importantes deficiencias.

Así, explica que el 2007 se dio luz verde a la nueva ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, que contiene algunas disposiciones progresistas como la prohibición de donaciones anónimas, aunque las cuentas de las organizaciones, empresas y fundaciones locales de los partidos no están suficientemente integradas a la contabilidad de los partidos centrales.

Ha añadido que otra de las normas aprobadas, la ley de Contratos del Sector Público, necesita incorporar la nueva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos de adjudicación de los contratos públicos en obras, de suministros y de servicios, para emprender una reforma global de las leyes españolas sobre contratación pública.

El informe también pone de manifiesto aspectos positivos en la lucha contra la corrupción, como que en el otoño de 2007, se puso en marcha la unidad especializada de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que tuvo un desempeño muy activo durante sus primeros seis meses.

Añade que, aproximadamente, 20 de los casos que llevó a cabo esta unidad están claramente relacionados con la corrupción en el ámbito local.

El estudio de Transparencia Internacional también indica que España ha mejorado su capacidad legal para luchar contra la corrupción, en parte gracias a sus compromisos internacionales, aunque insistió en que todavía no se han ratificado los convenios civiles y penales sobre corrupción del Consejo de Europa.

En España todavía no se han ratificado los convenios civiles y penales sobre corrupción del Consejo de Europa

Añade que, si bien las convenciones ratificadas abordan la corrupción en el sector privado, España no ha desarrollado una legislación adecuada en este sentido. Durante la presentación del informe, Lizcano ha explicado que España es un país 'más permisivo con la corrupción que otros, ya que nuestra cultura nos hace admirar a los más pillos y a los que defraudan mejor'.

Ha añadido que los ciudadanos tienen que reaccionar contra la corrupción y ha recomendado mayor participación ciudadana mediante el asociacionismo, porque en su opinión, la corrupción afecta a la sostenibilidad económica.

Según el citado informe, en España el segmento más afectado por la corrupción son los partidos políticos, seguido del sector privado, el Parlamento y los medios de comunicación y por último, los funcionarios públicos y el Poder Judicial.

Según el último informe de Percepción de corrupción, elaborado también por TI, España bajó hasta el puesto 28 desde el 22 en los últimos cinco años. Lizcano asegura que esta tendencia a la baja es 'inquietante y nada halagüeña'.