>> Este artículo forma parte del Especial 'Cómo salir de la crisis ' (en PDF)

Un paréntesis en la economía de mercado. Esto fue lo que pidió el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, en el arranque de la crisis en España y eso es, a la postre, lo que se ha generalizado en los países desarrollados.

La crisis económica ha puesto en cuestión el sistema capitalista que apuesta por la liberalización extrema. No sólo porque la ausencia de regulación y de controles provocó gran parte de los desmanes financieros que derivaron en la mayor crisis financiera desde 1929, sino también porque cuando llegaron los problemas, las empresas suplicaron rápidamente la ayuda de papá Estado.

Hay que incentivar el consumo, mantener el gasto social y controlar el déficit

La hecatombe financiera y la crisis de la economía real se han tratado de solventar con una masiva intervención del Estado en dos frentes: por una parte, con participaciones en algunos casos de más del 70% en entidades al borde de la quiebra, como AIG en EEUU o Royal Bank of Scotland en Reino Unido. Además, también en el terreno de las ayudas financieras, los bancos centrales pusieron a disposición de los bancos todo tipo de instrumentos para facilitar el crédito, como los avales o las compras masivas de activos.

Igualmente, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal colaboraron activamente en la reactivación del crédito bajando a mínimos históricos los tipos de interés y comprando deuda.

Maquinaria estatal

EEUU lo tiene más fácil porque carece de topes en el déficit público

La otra forma de combatir la debacle en la economía real, traducida en una altísima tasa de paro que todavía persistirá en los próximos trimestres, fue la de planificar masivos planes de estímulo fiscal, en los que se utilizó toda la maquinaria del Estado para reactivar la economía.

En estos planes se incluyeron aportaciones masivas de ayudas públicas, en clara contradicción con los principios del sistema capitalista. El caso más destacado fue el de General Motors en Estados Unidos, que necesitó una inyección de capital del Gobierno. En Europa, el rescate se ha gestionado mediante ayudas a la compra de automóviles y, en algunos casos, incluso de electrodomésticos y otros bienes duraderos.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha seguido estos movimientos con preocupación porque, tanto en el caso de las ayudas a la banca como en el de los subsidios al sector del motor, las medidas suponen una agresión a la competitividad y un paso atrás en la lucha contra el proteccionismo.

Además de las denominadas ayudas directas, los estados ha tomado las riendas de la activación económica mediante ambiciosos planes de infraestructuras públicas.

España es uno de los países que más dinero público ha comprometido en la reactivación de la economía en proporción con su PIB, un 2,3%, según datos recogidos por el FMI en marzo. Es el segundo país con mayor esfuerzo fiscal dentro del G-20 después de Arabia Saudí y el primero entre los de la OCDE.

Por ahora, el principal efecto de esa inyección fiscal es la amortiguación en la escalada del paro, sobre todo como consecuencia del Fondo de Inversión Local, según el Banco de España. El resto de las medidas tendrán efecto en el medio plazo, especialmente aquellas destinadas a fomentar el consumo. En cualquier caso, y según los parámetros de la OCDE, el esfuerzo español aportará un 1% extra al PIB, muy por encima del efecto compensatorio atribuido a otros países.

Estos planes, acordados por el G-20 en la cumbre de Londres, han ido ganando detractores conforme han pasado los meses por la rápida y aguda subida del déficit público. El tamaño de los agujeros en las cuentas de las economías más desarrolladas ha llevado a algunos economistas a plantearse lo que se conoce como el dilema del guardameta. Es decir, las posibilidades de que la crisis se detenga si el Estado no actúa son más altas que si se mueve... sobre todo si es para el lado contrario.

Por ahora, es claro que los líderes políticos mundiales siguen creyendo que la intervención pública es indispensable y defienden el mantenimiento de los planes de estímulo, aunque sean menores, para el próximo ejercicio. Sin embargo, desde los organismos internacionales se insiste en la necesidad de desarrollar estrategias de salida a estos pronunciados agujeros.

Así, entre el debate de la efectividad de los planes ya adoptados y la necesidad de recortar gastos para abonar el terreno a la reducción del déficit, España y el resto de los miembros de la UE han tenido que diseñar los presupuestos para el próximo ejercicio. Con un condicionante superior: la obligación, establecida en el Tratado de Maastricht, de reconducir el déficit hasta un máximo del 3% del PIB. Ahora, muchos países,incluido España, rondan el 10%.

Los políticos europeos se mueven entre la necesidad de incentivar el consumo, o al menos preservarlo, y el deseo de conservar el gasto social, aumentando incluso el grosor del colchón sobre el que descansa el desempleo. El resultado es que los proyectos presupuestarios ya presentados caminan por un fino alambre en el que los respectivos gobiernos tratan de combinar eficiencia económica y respaldo de los ciudadanos.

China y EEUU

Los otros dos grandes polos económicos mundiales, China y EEUU, también se debaten en la planificación de la política poscrisis. Tanto en volumen (cuatro billones de yuanes,unos 400.000 millones de euros) como en términos relativos, el plan de estímulo fiscal más grande ha sido el de China. Teniendo en cuenta que la economía china nunca llegó realmente a entrar en crisis, el efecto del plan fue casi inmediato y es probable que no necesite de impulsos fiscales adicionales.

En EEUU, el famoso Plan Obama ha servido de barrera de contención de la pérdida de destrucción de empleo. El país no tiene que cumplir requisitos presupuestarios como los que marca la UE y cuenta con una beneficio extra: el dólar es la divisa de referencia con la que se pagan los intereses de la deuda.