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Las preguntas que Rajoy sigue sin responder

El presidente del PP no ha explicado aún sus relaciones con Correa y Crespo, negó desde el principio que existiera una trama de corrupción y se empeñó en defender a Luis Bárcenas y Francisco Camps

FERNANDO VARELA

Ocho meses después de que la operación Gürtel saltase a los medios de comunicación (la investigación, dirigida por el juez Baltasar Garzón, comenzó mucho antes), el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, sigue sin dar respuesta a muchas de las incógnitas acerca del verdadero alcance de la relación entre la trama y el PP.

Las seis principales son las siguientes:

Rajoy ocupa cargos de relevancia en el PP nacional desde el año 1990, cuando fue elegido vicesecretario general en la primera dirección de José María Aznar. En 2004 se convirtió en secretario general y después en su presidente. Durante ese tiempo tuvo no sólo una responsabilidad colegiada con lo que se decidía en la sede de la calle Génova, sino que fue el responsable directo de las campañas electorales de los años 1996 y 2000, en pleno apogeo de las relaciones entre la trama Gürtel y el PP.

Sin embargo, Rajoy sostiene que la primera noticia que tuvo de lo que estaba pasando le llegó en 2004. Fue entonces cuando, según su propio testimonio, puso fin a la relación del partido con la trama siguiendo las indicaciones del entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta.

'A mi me planteó el tesorero del partido que estas personas estaban utilizando el nombre de la dirección del PP y decidimos, por eso, dejar de contratar con ellos', declaró el 24 de febrero. Rajoy sostuvo entonces que 'lo único que hacían en Génova era poner las traseras', en referencia a los paneles que se colocan en los escenarios donde los dirigentes del partido tienen previsto protagonizar intervenciones públicas.

La realidad, según las conclusiones de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, es algo diferente. Special Events, la matriz de la red gobernada por Francisco Correa y Pablo Crespo, se convirtió en la empresa que acaparaba 'la mayor parte de los actos promocionales de los conservadores', algo que no se consigue colocando únicamente 'las traseras'.

Correa, que adoptó el nombre en clave de Don Vito, 'acudía con asiduidad a la sede del partido'. En la que también prestaba servicios el propio Rajoy. Y la investigación ha demostrado que la forma de operar de la trama se basaba en la 'relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tienen su puesto de trabajo en la calle Génova'.

En esa época, el principal interlocutor de Correa era el entonces gerente del partido, Luis Bárcenas, hombre de la máxima confianza de Francisco Álvarez-Cascos, secretario general del PP hasta el año 1999.

Lo que Rajoy nunca ha explicado es por qué, siendo él el máximo responsable de las campañas electorales de 1996 y 2000, no supo hasta 2004 que la principal beneficiaria de los contratos del partido (Special Events) era el buque insignia de un trama de corrupción, financiación ilegal y blanqueo de dinero. De hecho, Rajoy no se atreve a negar haber tenido relación con el cabecilla de la trama. 'No tengo claro que conozca a Correa. Es probable que me haya encontrado con él en alguna reunión, pero no hemos tenido ningún encuentro', señaló el 12 de marzo.

La ignorancia de Rajoy es especialmente llamativa porque el PP de Galicia, en cuya secretaría general había situado a Jesús Palmou, uno de sus más estrechos colaboradores tras la defenestración de Pablo Crespo, supuestamente ya conocía las actividades irregulares de la trama, al menos desde el año 1999, según han confirmado casi al unísono Manuel Fraga y Alberto Núñez Feijóo, los dos últimos presidentes del partido en la comunidad gallega.

Mariano Rajoy asegura que, cuando llegó a la Presidencia del partido, la única medida que adoptó contra la trama corrupta fue poner fin a sus contratos. Según él mismo ha reconocido, en la decisión de no volver a contar con las empresas de la trama pesó el hecho de que los responsables de la red iban 'sobre todo por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido'.

Lo que no ha explicado es por qué, si sabía lo que la trama estaba haciendo, especialmente en municipios de la Comunidad de Madrid, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción. O, como mínimo, por qué no se lo advirtió al Partido Popular madrileño o a los alcaldes de los ayuntamientos afectados, así como a los dirigentes del partido de toda España para evitar que la red se extendiese como mínimo por Madrid, la Comunidad Valenciana y Castila y León, como acabó sucediendo.

Mariano Rajoy afirma que fue Álvaro Lapuerta, tesorero del PP desde la época de Aznar, el que le advirtió sobre la trama de Francisco Correa. Pero lo que no ha aclarado todavía es por qué en 2008 eligió para sustituirle a Luis Bárcenas, que en su condición de gerente del PP había sido el principal interlocutor de la trama. Bárcenas, según las conclusiones de la investigación policial, es el político del PP que más dinero ha recibido de las empresas de Correa, que a su vez se enriquecieron con los suculentos contratos que se decidían en la calle Génova. El máximo responsable de la trama aseguró, en una conversación incluida en el sumario, que había entregado 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) a Bárcenas, tanto en la sede del PP como en su casa.

A pesar de estas evidencias, que han acabado en el Tribunal Supremo (Bárcenas es senador por Cantabria), Rajoy siempre ha defendido a su tesorero. 'La gente' de Francisco Correa 'no ha entregado ni un solo euro al PP. Eso lo digo con absoluto conocimiento de causa', subrayó en marzo a una emisora de radio. 'Nunca nadie podrá probar' que Bárcenas y Galeote, otro de los imputados, 'no son inocentes', añadió, tajante, el pasado mes de abril.

Mariano Rajoy no ha explicado todavía por qué sabiendo lo que sabía, hasta el punto de que cuando llegó a la Presidencia del partido ordenó romper con las empresas de la trama, cuando estalló el escándalo optó por el cierre de filas y por intentar desacreditar al juez instructor, Baltasar Garzón. El PP llegó a presentar 15 querellas, denuncias o quejas (todas fracasadas) contra el juez Garzón por su instrucción del caso Gürtel. La comisión disciplinaria del Consejo General del PoderJudicial (CGPJ) aún dio carpetazo a la última de ellas el pasado 15 de septiembre.

El pasado 11 de febrero, el propio Rajoy, acompañado por la plana mayor del PP, compareció para defender el honor de su partido y presentarlo como la víctima de una conspiración del Gobierno y del juez encaminada a desgastar a los conservadores de cara a las autonómicas vascas y gallegas que se celebrarían dos semanas más tarde.

Aunque Rajoy insistió en repetidas ocasiones en su convencimiento de que todo quedaría 'en nada', el sumario del caso, hecho público parcialmente esta semana, ha demostrado que las acusaciones contra los cabecillas de la trama y numerosos dirigentes y cargos públicos del PP tienen como base conversaciones grabadas por orden judicial y numerosos soportes documentales, además de algunos testimonios clave, como el ofrecido por el contable de la red.

Desde que se hizo público el caso, Mariano Rajoy ha señalado en numerosas ocasiones que 'no hay financiación ilegal en el PP'. Lo dijo nada más conocerse la investigación, lo repitió el 3 de marzo ('todo el mundo debe tener la tranquilidad de que el partido no se financió con aportaciones de los imputados'), lo repitió en julio (el PP 'no se ha financiado ilegalmente') y lo ha vuelto a decir en septiembre ('las cuentas del PP son claras y están auditadas; Gürtel no constituye una trama de financiación ilegal').

Sin embargo, el sumario del caso incluye numerosas evidencias y testimonios de todo lo contrario, tanto en relación con la vida ordinaria del partido como en lo que se refiere a las campañas electorales. Y no sólo en una comunidad sino en tres: Valencia, Madrid y Galicia.

Frente al caso Gürtel, Mariano Rajoy ha impulsado una estrategia que consiste, básicamente, en actuar como si no pasase nada. La sensación de inhibición inquieta cada vez más a los miembros de la dirección del partido, incómodos ante la proliferación de pruebas que ponen de manifiesto la connivencia de algunos cargos con los corruptos.

Las dificultades de Rajoy para imponerse se han revelado también a la hora de abordar las responsabilidades en la Comunidad Valenciana, donde Francisco Camps se ha resistido una y otra vez a tomar decisiones. Especialmente humillante para Rajoy fue tener que reunirse con Camps en un parador a medio camino de Madrid y Valencia, lo que ha hecho a muchos preguntarse el motivo por el que el presidente del PP es incapaz de actuar con mayor contundencia para reforzar su liderazgo.

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