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Pekín condena a tres años de cárcel a un popular activista

Huang Qi ayudaba a las víctimas del terremoto de 2008

ANDREA RODÉS

La apertura política de China durante los últimos 30 años ha llevado a notables progresos en el campo de los derechos humanos, pero Pekín continúa castigando a los activistas que amenazan con poner en peligro la imagen del régimen. Es el caso de Huang Qi, un popular activista chino de derechos humanos, detenido en junio de 2008 tras intentar ayudar a las familias que perdieron a sus hijos al derrumbarse centenares de escuelas durante el devastador terremoto que azotó la provincia de Sichuán, el mes anterior. Huang fue condenado ayer a tres años de cárcel por 'posesión ilegal de secretos de Estado', una sentencia que suele ser aplicada para encerrar a activistas y disidentes en China.

Durante las semanas siguientes al terremoto, Huang se dedicó a ofrecer ayuda legal a los padres que deseaban denunciar a las autoridades por la muerte de sus hijos al desplomarse las escuelas, cuya mala calidad de construcción fue ligada a la corrupción de los funcionarios locales. Su esposa, Zeng Li, dijo ayer que el veredicto era una 'venganza' por la implicación de su marido en la defensa de las víctimas del terremoto, en el que murieron alrededor de 10.000 niños, según el Gobierno chino. Huang, conocido sobre todo por el centro de derechos humanos que dirige en Chengdu, capital de Sichuán, fue detenido justo después de colgar un artículo en la web de su organización, donde destacaba las denuncias de cinco padres que perdieron a sus hijos.

'Huang Qi debería ser tratado como un ciudadano modelo, comprometido con el Estado de derecho, pero en lugar de eso ha sido víctima de la ambigüedad de la ley china de secretos de Estado', dijo en un comunicado Sam Zarifi, director de Amnistía Internacional para Asia Pacífico. La vaguedad de la legislación china permite a Pekín recurrir a menudo a las acusaciones de 'posesión ilegal de secretos de Estado' o de 'subversión al poder del Estado' para encarcelar a disidentes y a activistas de derechos humanos.

A pesar de la mayor apertura política de las últimas tres décadas, China no es todavía un Estado de derecho y los acusados no tienen garantizado un juicio independiente ni que podrán contar con una defensa legal ante el tribunal. Los abogados de Huang no pudieron asistir al juicio, al no haber sido avisados con suficiente antelación, según Amnistía. La madre y la esposa del activista sólo pudieron entrar en la sala para escuchar la sentencia.

Varios activistas se implicaron en la defensa de los padres que perdieron a sus hijos en el terremoto, como el artista Ai Weiwei. Gracias a su prestigio internacional y a la fama de su padre, reputado escritor chino, Ai no ha sido detenido y goza de mayor libertad para poder llevar a cabo su proyecto de recopilar los nombres de todos los niños fallecidos durante el terremoto y publicarlos en su popular blog.

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