La Ley del Aborto incorporará la creación de un registro de objetores de conciencia. En él se podrán inscribir, de forma individual, por escrito y por adelantado, los 'profesionales sanitarios que tienen relación directa con la interrupción voluntaria del embarazo', como médicos y enfermeras, que quieran comunicar su rechazo a practicar un aborto por razones morales.

Así lo ha pactado con el PSOE el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV, según avanzaron sus portavoces, Joan Tardà y Gaspar

'De esta forma, la objeción no podrá cuestionar el derecho de la mujer' a abortar, según explicó Llamazares. La propuesta también pretende evitar que haya profesionales que objeten en los hospitales públicos, pero practiquen abortos en clínicas privadas.

En la necesidad de reconocer el derecho de los profesionales a objetar, algo que no figura en el texto inicial del Proyecto de Ley, han coincidido las fuerzas de izquierda y las de derecha. Aunque la motivación sea opuesta. En concreto, el PNV invocaba en su enmienda al 'derecho de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios'.

El PNV evitó pronunciarse y avanzar el sentido de su voto hasta que la Comisión de Igualdad del Congreso debata hoy las enmiendas parciales a la Ley. Pese al acuerdo de fondo, los grupos parlamentarios continuaban anoche negociando el redactado de las enmiendas.

Los profesionales aplauden que se reconozca su derecho a objetar

Las asociaciones de médicos aplaudieron que se reconozca su derecho a objetar. 'Ello no genera ningún problema a la mujer que quiera abortar. Siempre habrá médicos que lo hagan sin ningún problema', explicó el presidente de la Comisión de Deonotología de la Organización Médica Colegial.

Los colegios de enfermería también se felicitaron por el reconocimiento de 'su derecho individual' a objetar. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, defendió la creación del registro de objetores: 'Nosotros no podemos ir contra el derecho de la mujer a abortar. Si estamos en el registro de objetores, no intervendremos, pero tendremos que ayudarla e informarle de dónde puede hacerlo'.

En la actualidad sólo un 2% de los abortos se realiza en hospitales públicos. Llamazares aseguró que muchos jefes del área que practica los abortos objetan y su decisión personal se convierte en una negativa de todo su equipo. Con el registro de objetores, se evitará que la objeción 'sea un subterfugio para negar el derecho', añadió el diputado de IU.

Joan Tardà, de ERC, explicó que el acuerdo alcanzado también establece que cuando 'una mujer no tenga garantizado el derecho en el ámbito público, se le atienda en un centro concertado de la misma área territorial donde vive'.

PSOE, IU y ERC aceptarán que se pida informar a los padres

IU y ERC también han cerrado con el PSOE que los 'anticonceptivos de última generación' (por ejemplo, píldoras, parches o anillos anticonceptivos) entren en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto implica que el Estado financie un 60% de su coste, como hace con los fármacos comunes de su cartera de servicios. Aún está por decidir qué anticonceptivos entrarán dentro de este grupo. Además, IU y ERC pretenden que estos fármacos, que se administran con receta, sean gratuitos para determinados grupos, también por definir.

Llamazares calculó que la inclusión de estos fármacos en la cartera de servicios del SNS costará a Sanidad 'en torno a 100 millones de euros anuales'. En el Ministerio de Sanidad esperarán a que el texto de el texto de la Ley sea firme para pronunciarse.

Por otra parte, IU y ERC están dispuestos a aceptar que las jóvenes de 16 y 17 años que decidan abortar deban informar de ello a sus padres, como reclama el PNV. Eso sí, ERC e IU matizan que apoyarán esta propuesta siempre que la decisión final sea de la mujer. 'No pondremos obstáculos a que se amplíe la mayoría parlamentaria', justificó Llamazares. Según fuentes del Ministerio de Igualdad, el PSOE apoyará que las menores informen a sus padres de la decisión de abortar, siempre y cuando se excluya de esta medida a las que manifiesten que hay conflicto familiar.

En el PNV aseguran que agotarán la negociación porque 'no hay prisa' y aseguran que mantendrán vivas sus enmiendas hasta que el proyecto de ley vuelva al pleno del Congreso, la semana que viene. El texto que se apruebe entonces irá al Senado. El año pasado, abortaron 115.812 mujeres en España. Unas 15.000 tenían menos de 19 años.

Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado también que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios.