La Ley de Transición de Diputaciones a Veguerías, que prevé la ordenación territorial y administrativa de Catalunya en siete demarcaciones en lugar de las cuatro provincias actuales, se está convirtiendo en un pulso dentro del Govern entre ERC y el PSC.

Los republicanos, al frente de la conselle-ria de Governació i Administracions Públiques, no quieren renunciar a uno de sus proyectos más emblemáticos, que ya ha visto retrasada varias veces su aprobación. Y el PSC defiende que si el proyecto no goza del consenso necesario es mejor guardarlo en el cajón.

Ayer el secretario general de ERC, Joan Ridao, aseguró que este asunto, que prevé el Estatut y el pacto de gobierno y que no implicará la desaparición de la provincia como circunscripción electoral en las elecciones generales, es 'inaplazable', puesto que en su día ya recibió el visto bueno de la comisión de Gobiernos Locales de Catalunya. El departamento que rige Jordi Ausàs mantenía la fecha del 5 de enero como la más probable para que el Govern apruebe el proyecto.

La inminencia ha agudizado los recelos en algunos territorios y ciudades, que se sienten perdedoras en la nueva organización territorial catalana. Ciudades que son capitales de provincia, como Tarragona o Lleida, temen perder peso específico; otras, como Vic y Manresa, pugnan por ser la capital de una de las veguerías. Y también hay comarcas, como la Cerdanya o la Val dAran, que se niegan a ser incorporadas a la veguería que les corresponde.

CiU y ERC defienden una octava veguería, la del Penedès, que cuenta con la oposición frontal del PSC.