El Gobierno quiere elevar en diez años, hasta los veinticinco, el periodo de cotización que se considera para calcular las pensiones.

Así consta en la actualización del Programa de Estabilidad 2009-2013 que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea y en la que esta medida se incluye como una de las posibilidades para reducir el gasto público.

Según el documento, si durante la década de 2020 se eleva en dos años la edad de jubilación, hasta los 67, y se aumenta en diez el periodo de cálculo de las pensiones se podría alcanzar un ahorro en el gasto para pensiones de cuatro puntos del PIB a partir de 2030.

En la reforma de las pensiones anunciada en el Consejo de Ministros el pasado viernes, el Ejecutivo no especificaba todavía el número de años que propone para el cómputo de las pensiones que hoy sí precisa en el documento que ha remitido a las autoridades europeas.

El Gobierno considera que con la reforma de las pensiones, unida al resto de medidas que se detallan en el documento y a la estrategia de salida de la crisis, 'la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parece plenamente garantizada'.

El Gobierno quiere que haya una mayor relación entre cotización y prestación

El Gobierno explica a la Comisión que entre las propuestas que trasladará al Pacto de Toledo está la de que haya una mayor relación entre cotización y prestación, así como más transparencia en los procesos de cotización.

También se compromete a culminar el proceso de integración de los regímenes, una política más eficaz de ayudas familiares, una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de Seguridad Social.

Igualmente, la polémica medida de ampliación de la edad de jubilación a los 67 años , y otros parámetros como la edad mínima de jubilación, el mínimo de años cotizados para acceder a la pensión o el periodo de cómputo para calcularla, entre otros.

El Gobierno considera que el impacto de todas estas medidas en las proyecciones de gasto asociado al envejecimiento de la población 'puede ser muy importante' y concreta que cada año que se retrasa la edad legal de jubilación se reduce en un punto del PIB el gasto en pensiones.

Asimismo asegura que cada año que se amplía el número mínimo de años para obtener una pensión se obtiene una reducción adicional de 0,2 puntos porcentuales.

Por tanto, si en la década de 2020 se amplía la edad de jubilación a los 67 años y se aumenta en una década el número de años para calcular la pensión, el recorte del gasto en pensiones podría alcanzar la cifra mencionada de casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB desde 2030.

Esto supondría una mejora 'sustancial' del indicador de sostenibilidad de la Comisión Europea y el gasto en España asociado al envejecimiento de la población se situaría entre los más bajos de Europa.