La empresa privada va ganando terreno a las autonomías en la gestión de sus hospitales públicos. De los 45 centros del Sistema Nacional de Salud (SNS) inaugurados en los últimos cinco años, 17 están gestionados en mayor o menor medida por una empresa privada. La tendencia ha puesto en pie de guerra a los sindicatos y a las asociaciones de pacientes, que insisten en que la mercantilización de la sanidad pública perjudica al ciudadano.

La Comunidad de Madrid disparó la cifra de hospitales públicos gestionados por compañías privadas en 2008, cuando inauguró ocho centros. Siete de ellos fueron construidos por una empresa, responsable también de adquirir el equipamiento y contratar al personal no sanitario (modelo PFI). El octavo, en Valdemoro, es gestionado íntegramente incluido el personal sanitario por una compañía (modelo Alzira). En todos los casos, el Gobierno regional paga una cuota a la empresa por cada paciente durante 30 años.

Con la puesta en marcha de estos ocho centros, han salido a la luz una serie de carencias de material e infraestructuras a cargo de la empresa privada que han empeorado la atención al paciente.

Nueve meses después de su inauguración, los trabajadores de urgencias del Hospital Puerta de Hierro denunciaron al Defensor del Pueblo que no tenían material suficiente para atender a sus pacientes. Faltaban camillas y sillas de ruedas. No había comida. Tampoco un plan de emergencias y evacuación. Y, además, detectaron problemas de higiene.

En otro de los nuevos hospitales, el Infanta Leonor, se dejaron de dar citas para hacer radiografías porque salían caras, denuncian los sindicatos. Además, faltaba instrumental.

'Cuanto más tiempo pase, el sistema será peor para los pacientes'

En otro centro nuevo, el personal de determinadas áreas denunció que tuvo que comprar mobiliario para poder trabajar. En el Hospital del Sureste, la falta de medios llevó a muchos ginecólogos a abandonar el hospital.

'Cuanto más tiempo pase, el sistema será peor para los pacientes', vaticina la presidenta de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Carmen Ortiz. Según explica, los hospitales de gestión privada hacen una selección de pacientes y derivan a los centros públicos a los que les salen más caros, como ancianos o enfermos crónicos. 'A su vez, los hospitales tradicionales reciben cada vez menos dinero, con lo cual tampoco tienen los medios suficientes para atender a sus propios pacientes y a los que se les derivan', denuncia.

'La privatización limita la buena asistencia. Van a hacer menos pruebas diagnósticas para ahorrar costes', coincide la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores. 'Las empresas están para ganar dinero', dice.

El presidente del Foro Español de Pacientes, Albert Jovell, reclama al Gobierno estudios que indiquen cómo afecta la privatización de la gestión de los hospitales a la calidad asistencial. 'Mientras la financiación sea pública, cómo se gestiona pasa a un segundo plano, siempre y cuando se garantice la calidad', defiende.

En Inglaterra país pionero en la introducción del modelo de gestión PFI en sus hospitales públicos hace dos décadas, se redujeron las plantillas de los hospitales entre un 20% y un 30%. El recorte en personal de limpieza en estos centros derivó en un aumento de las infecciones hospitalarias.

Desde el punto de vista económico, denuncia la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública (CAS), las concesionarias en Madrid han recuperado en tres años casi el 70% de su inversión. En 2011, dicen, habrán recuperado prácticamente toda su inversión; por tanto, a partir de entonces y hasta 2037 (cuando acaba el contrato de concesión), todo serán beneficios.

'El modelo privado sale más caro a las arcas públicas'

'El modelo privado sale más caro a las arcas públicas y dudo de que sea un 20% más eficiente desde el punto de vista asistencial', denuncia el secretario general de Sanidad de CCOO, Antonio Cabrera. El representante sindical considera urgente que el Gobierno 'cambie a una política más agresiva'. Aunque las autonomías tengan las competencias en sanidad, el ministerio debe ejercer de árbitro, recuerda.

La secretaria confederal de política social de UGT, Carmen López, coincide con su homólogo y critica que se financien los hospitales públicos de gestión privada 'sin una garantía de calidad'. Según insiste, el ministerio tiene que evaluar los modelos de gestión.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, reconoce la obligación de la Administración que representa de 'velar para que sea cual sea la gestión del servicio sanitario este sea público para el ciudadano'. Jiménez se decanta 'porque la gestión sea pública, porque se ha demostrado su eficiencia'.

La puerta de entrada de la empresa en la gestión de la sanidad pública la abrió en 1997 el PP, al aprobar una ley que así lo permitía. El Congreso tramita ahora una proposición de ley presentada por ERC, IU e ICV para blindar la gestión de los hospitales a la Administración o a una empresa estrictamente pública.

El Congreso tramita ahora una proposición de ley presentada por ERC, IU e ICV

Rafael Serrano, sociólogo del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), destaca que lo importante para mantener la calidad del sistema es que la autonomía pueda controlar la gestión 'de forma ágil'. Serrano defiende que las comunidades concierten con clínicas privadas un servicio en momentos puntuales. Pero considera que el modelo PFI deja a las autonomías sin posibilidad de hacer políticas de salud. 'Me preocupa que el contrato no se puede romper en 30 años. Los ciudadanos dejan de tener el poder, porque dará igual a quién voten'.

El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas cree positivo experimentar nuevas fórmulas de gestión, pero también considera que el hecho de que las licitaciones se alarguen décadas 'puede hacer mucho daño al sector hospitalario', al dejarle poco margen de adaptación a las necesidades futuras. No obstante, Casasnovas destaca que el modelo PFI permite que los hospitales estén construidos mucho antes que si los hace directamente la Administración.

El director de Sanidad de la consultora PriceWaterhouse, Ignacio Riesgo, destaca este mismo aspecto y defiende que el modelo PFI no sale más caro. Además, dice que el ciudadano no tiene por qué notar la diferencia, porque continuará siendo un servicio gratuito.

Modelo Alzira
Es el tipo de gestión privada de un servicio público donde la empresa tiene la mayor capacidad de decisión. El hospital de Alzira (Valencia) fue el primero en implantarlo en 1999. Consiste en ceder a la compañía privada la construcción del edificio, la dotación del equipamiento y la contratación de todo su personal, incluido el sanitario. El modelo Alzira también cede a las empresas la gestión de los centros de atención primaria y especializada del área de salud del hospital.

PFI
El modelo PFI (Iniciativa Privada de Financiación, por sus siglas en inglés) cede a las empresas la construcción del edificio, la adquisición del equipamiento y la contratación del personal no sanitario. A los trabajadores sanitarios los contrata una empresa de titularidad pública.

Modelo catalán
Catalunya posee históricamente una estructura mixta. La red pública –de hospitales , centros de atención primaria y de especialidades– está gestionada por mutuas, fundaciones, consorcios y centros de la Iglesia. Este sistema integra a las ambulancias.