El gasto farmacéutico público supone más de una quinta parte del total del gasto sanitario en España. Pero lo que impulsa el gasto no son los precios de los medicamentos, sino el número de recetas por persona. Mientras el precio medio por receta está estancado o a la baja, el número de prescripciones sigue aumentando, sin que el envejecimiento sirva de coartada.

Las evaluaciones independientes del impacto del actual sistema de precios de referencia ponen de relieve que este sistema ha sido útil para reducir los precios, pero no el gasto. Los precios de los genéricos se hubiesen reducido mucho más si se hubiera fomentado la competencia de los mismos entre laboratorios. Hoy esta competencia se manifiesta más en forma de descuentos a las oficinas de farmacia que en bajadas del precio de venta al público que pagan el Sistema Nacional de Salud (SNS) y los pacientes.

La evidencia económica indica que lo más eficiente es la liberalización de los precios de los medicamentos cuya patente ha expirado, combinada con acciones del SNS tendentes a financiar sólo los medicamentos de menor precio.

Esto se puede conseguir financiando sólo el precio del fármaco equivalente más barato (siendo a cargo del paciente la diferencia si prefiere otro equivalente, pero más caro), o bien mediante la realización de subastas competitivas para la adjudicación de la condición de fármaco preferente (el que paga el SNS), tal como han empezado a hacer ya varios países europeos.

Por otro lado, el actual sistema de copago necesita ser reformado, no para recaudar más o hacer pagar más al usuario, sino para hacerlo más equitativo. Hoy hace pagar un 40% del precio a familias monoparentales de muy baja renta con hijos a cargo, mientras da barra libre a pensionistas de elevados ingresos y/o riqueza. También hay que hacerlo más eficiente. El número de recetas aumenta alrededor de un 25% el día en el que se concede la gratuidad de los medicamentos al pasar a ser pensionista. La condición de pensionista para dar acceso a la gratuidad carece de sentido, no hay ninguna razón por la que una jubilación anticipada voluntaria deba suponer más gasto farmacéutico.