El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció ayer al comité ejecutivo nacional de su partido que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), del que depende el futuro del Estatut de Catalunya, está convocado para el día 14. Fuentes del alto tribunal negaron ayer que a día de hoy haya fijada una reunión plenaria para ese día. Estas citas, además, suelen convocarse con un par de días de antelación.

El PP ha venido denunciando en el último año constantes filtraciones de los tribunales a los medios de comunicación sobre los casos de corrupción que asedian a los conservadores. Esta vez, Rajoy demostraría poseer, si es que se confirma, información privilegiada.

El PP, que se queja de filtraciones, muestra información privilegiada

Fuentes del PP explicaron que este comentario fue realizado por el líder del partido al comité nacional para anunciar que la respuesta que se dará al fallo será ofrecida desde la dirección nacional del partido.

Es decir, en el PP ya se da por hecho que la sentencia más importante que tiene entre manos el Constitucional se conocerá a mediados de mes. Por eso, se están avanzando los posibles escenarios que planteará la resolución que dará respuesta al recurso con el que impugnó 126 artículos del Estatut de Catalunya.

En los encuentros previstos, los conservadores prepararán el argumentario con el que capearán el temporal de una tormenta desfavorable a sus intereses o se colgarán la medalla de haber logrado frenar las previsiones inconstitucionales del texto. Es posible que ambas fórmulas sean aplicables, porque la última ponencia de Elisa Pérez Vera declara inconstitucionales 15 artículos e interpreta otros 20 más. El texto es apoyado por los cinco vocales progresistas y podría salir adelante con el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, algo a lo que hasta ahora se ha mostrado reacia.

Los conservadores ultiman su argumentario para responder al fallo

Pero si las previsiones más optimistas se cumplen, la sentencia podría salir adelante con siete votos a favor: los de los cinco magistrados considerados progresistas más los del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y Ramón Rodríguez Arribas. Ambos forman, con el magistrado Manuel Aragón, un tercer bloque surgido en las deliberaciones del Estatut, que actúa de alguna manera de bisagra entre las dos posiciones más radicales en contra y a favor del texto impugnado.

El número de apoyos concretos con los que cuenta la ponencia de Elisa Pérez Vera actualmente habrá de determinarse en una votación prospectiva que deberá realizarse en pleno. Si la Semana Santa no ha cambiado las posiciones, se prevé que a partir del lunes se convoque la reunión plenaria en la que se realizará el trámite necesario para hacer pública la sentencia.

La experiencia anterior

En enero también se creyó estar a punto de llegar a un acuerdo sobre la sentencia del Estatut, al aceptar los magistrados progresistas las propuestas de Rodríguez Arribas. No hubo acuerdo al retirar este, Jiménez y Aragón su apoyo al texto preparado por Pérez Vera.

Después, Aragón volvió a tratar de consensuar una sentencia con los magistrados progresistas, Casas, Pérez Vera, Pascual Sala y Eugenio Gay. Ahora se intenta que el acuerdo alcanzado se extienda a Rodríguez Arribas y a Jiménez.