La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, considera 'razonbles' las peticiones de los editores españoles respecto a la reducción del IVA en las diferentes formas de comercialización del libro electrónico, la solicitud de nuevas medidas para combatir las descargas ilegales y también la idea de promulgar de una directiva común que regule los derechos de autor en el conjunto de los 27 países de la UE.

Así lo explicó hoy en Cáceres en un breve encuentro con la prensa, tras una reunión mantenida con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con motivo de su visita a la ciudad monumental.

'Me parecen razonables esas peticiones porque siempre hablamos que la difusión de la cultura por internet es el presente' y el 'libro no debería ser muy distinto si es en papel o si es electrónico', según argumentó la ministra.

Del mismo modo, la responsable de Cultura observó que 'después de lo ocurrido' con la distribución de música o cine a través de la red, hay que 'estar preparados para esa gran trasformación que va a suponer la llegada a nuestras vidas de los libros digitale'.

En este sentido, recordó que 'por el momento' se ha logrado el IVA reducido al 4% en 'los libros que se venden en soporte CD-ROM y USB', que lo iguala al impuesto fijado para los libros impresos, por lo que 'ahora hay que seguir trabajando' en el 'ámbito europeo' para conseguir la reducción de este impuesto en las diversas formas de distribución digital existentes, explicó.

A este respecto, la titular de Cultura expuso que es en Europa donde 'se discuten los asuntos del IVA y lo que tiene que ver con telecomunicaciones cuando se trata de un servicio'. Asimismo, indicó que los titulares de Cultura de los países integrantes de la Unión Europea trabajarán 'con los ministros de Hacienda' para tratar de superar este obstáculo. 'Nuestros colegas van a estar resistentes para hacer cambios, pero sin duda es el futuro al que nos encaminamos', auguró.

En cuanto al control de las descargas, González-Sinde recordó que en la Ley de Economía Sostenible, impulsada por el Gobierno se contempla 'una medida que equilibra y es armónica al respecto de los derechos de autores, de inversores y al mismo tiempo de los usuarios' que accedan a los contenidos de internet.