'Estamos muy nerviosos, a la espera. La niña no puede dormir, está muy deprimida', afirmó ayer Mohamed Malha, el padre de Najwa, la española y musulmana de 16 años vetada en su instituto de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por llevar el hiyab (pañuelo islámico). Los nervios de Mohamed se deben a que hoy el Consejo Escolar del centro, el Camilo José Cela, tiene previsto decidir si modifica o no el artículo del reglamento interno que impide a los alumnos 'el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza' dentro de la escuela.

La familia de la niña y varias asociaciones de musulmanes han pedido al instituto que cambie la norma, escrita en principio para que los chicos no entren en clase con gorra, y permita así a Najwa seguir con el curso escolar.

Por culpa de ese reglamento, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional (PP), Najwa estuvo 18 días apartada del aula, relegada a la sala de visitas. El viernes pasado, la adolescente, después de las tres primeras horas lectivas, pudo asistir a clase, pero según su familia, la dirección del centro la dejó 'presionada por los medios de comunicación'.

Ayer, Najwa acudió con sus compañeros al teatro, dentro de las actividades extraescolares, así que no hubo lugar a probar si podía entrar en su aula con el pañuelo islámico en la cabeza. Su padre explicó que otras tres menores, también españolas y musulmanas, se pusieron el hiyab en solidaridad con Najwa para entrar en el instituto. Al grupo se unieron otras dos chicas que entraron en el centro con la capucha puesta. Las que optaron por el hiyab fueron apartadas de clase y amonestadas por el centro.

El padre de la chica insistió en que lo único que quiere es 'la escolarización' de su hija. 'Esta no es una historia de ganadores y perdedores', recalcó ayer. Malha pidió a los miembros del Consejo Escolar (formado por profesores, padres de alumnos, representantes de la administración y estudiantes) que 'voten con el corazón' la modificación del reglamento. El padre, además, tiene previsto acompañar hoy a primera hora de la mañana a su hija hasta el centro educativo.

La polémica ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno central y el regional que preside Esperanza Aguirre. De un lado, la adolescente cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia. A través de la Subdirección de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, el ministerio aseguró el viernes pasado que la libertad religiosa está amparada en la Constitución y que 'obviamente, que una niña lleve un velo en una escuela pública no ofende los derechos fundamentales de los demás'.

Del otro lado, la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, apoya que el centro aplique el reglamento. La normativa del Ejecutivo regional obliga a los centros educativos a tener un reglamento que deben cumplir de manera obligatoria. Esta norma tiene que ser aprobada por los consejos escolares, que son autónomos.