Los razonamientos judiciales no siempre siguen las mismas rutas para llegar a una conclusión. La evaluación de las circunstancias, la ponderación de los hechos y la interpretación de las leyes y de la jurisprudencia pueden dar lugar a sentencias o resoluciones judiciales tan aparentemente contradictorias como las que ha adoptado el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela en relación con dos jueces bien diferentes: Baltasar Garzón y Francisco Javier de Urquía.

Al primero, Luciano Varela le acusa de prevaricación por haber dictado sucesivas resoluciones judiciales que, según su criterio, el juez sabía desde el principio que eran contrarias a derecho. Con ellas Garzón, que acabó inhibiéndose en favor de otros juzgados, pretendía abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo (a partir de varias denuncias presentadas por asociaciones ciudadanas) que, sintéticamente, se apoyaba en el derecho internacional para no aplicar la Ley de Amnistía de 1977 que cerró la puerta a la exigencia de responsabilidades por aquellos hechos.

Garzón se arriesga a ser inhabilitado; Urquía consiguió evitar la prisión

Al segundo, en cambio, Luciano Varela lo absolvió del mismo delito (por el que había sido condenado previamente en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) porque los defectos formales del auto que Urquía dictó para favorecer a Juan Antonio Roca a cambio de dinero no eran 'sustanciales'. Según el fallo del Supremo, que sucribió Varela, la 'conciencia e intención deliberada' de dictar una resolución injusta 'no ha de confundirse con el móvil que, como aquí ocurrió, estuvo en la intención de favorecer al coacusado Juan Antonio Roca'.

El criterio de Varela, que ahora enfrenta a Garzón a la posibilidad de perder su carrera, evitó a Urquía el trance de tener que ingresar en prisión.