El actual marco de primas a la energía renovable costará al consumidor 126.000 millones de euros en los próximos 25 años, según los cálculos que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha presentado a la oposición en el marco de las negociaciones para pactar el modelo energético, que incluyen un posible recorte de las subvenciones a fuentes como la fotovoltaica, la eólica y la termosolar.

El Gobierno ya intentó alcanzar un pacto en esta materia con el PP a finales del año pasado y ha extendido la negociación al resto de grupos, con la idea de acordar un modelo para los próximos diez años, independiente de mayorías políticas. Ayer se celebró la primera reunión, con la asistencia del ministro, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y representantes de todos los grupos. El encuentro transcurrió 'bien', dijo después Sebastián.

El Gobierno quiere convertir en asunto de Estado las interconexiones

El ministro entregó a los grupos un documento que, de forma muy genérica, plantea seis posibles materias de acuerdo 'para alcanzar un marco regulatorio estable, sostenible y duradero'.

Además de la adopción de medidas para cumplir los objetivos de energías renovables fijados por la UE 'de una manera sostenible técnica y económicamente', el documento, al que tuvo acceso Público, plantea posibles acuerdos sobre el mix energético para 2020 (que no varía respecto al que ya se presentó en el denominado Proceso de Zurbano), las interconexiones eléctricas, la profundización de la liberalización, el ahorro y la eficiencia energética y la seguridad nuclear.

Respecto a las renovables, no se plantea ningún recorte de primas concreto, pero sí su 'adaptación' a su grado de evolución tecnológica, 'garantizando en todo caso una retribución razonable'.

Plantea una 'retribución razonable' a las energías limpias

En materia de interconexiones, el Gobierno quiere convertir este asunto en 'objetivo de Estado', que implique a las administraciones locales. El refuerzo de la conexión con Francia permitiría a los productores renovables españoles ceder energía a eléctricas galas para permitir al país vecino cumplir los objetivos de la UE en materia energética para 2020.

En cuanto a la liberalización, el Gobierno plantea 'actuar sobre los costes, y que la reducción de estos se traslade a los precios'. En concreto, Industria propone que, a partir del próximo julio (cuando toca revisar el precio de la luz), las subastas de energía que sirven para determinar la tarifa doméstica cambien su actual periodicidad (semestral) de forma que 'no penalice a los consumidores'.