La banca mundial no aprueba el examen de la transparencia y la responsabilidad. Esta es, a grandes rasgos, la conclusión del informe Close the Gap ('Cerrar la brecha') de la Red Internacional BankTrack, una suma de organizaciones de la sociedad civil que se dedica a investigar las operaciones del sector financiero mundial y sus efectos en la sociedad. El respeto a los pueblos indígenas y los derechos humanos, la gestión de la corrupción, la relación con la industria armamentísica o la lucha contra el cambio climático son algunos de los 18 criterios que se investigan y puntúan.

La nota máxima son cinco puntos. Ningún banco llega a acercarse a esta cifra, ni siquiera a la mitad. La entidad mejor parada entre las 49 analizadas es Rabobank (Holanda), que destaca con una media de 1,6 puntos. Banco Santander se sitúa en el cuarto puesto con un 1,1, y BBVA se queda a mitad de la tabla con 0,7 puntos.

De una puntuación máxima de 5, el mejor parado es Rabobank con 1,6

No obstante, el informe constata avances positivos. El número de bancos que desarrollan políticas de sostenibilidad ha aumentado desde 2007. Si ese año sólo un 27% de los bancos tenían políticas sobre la industria y el comercio de armas, en 2010 ese porcentaje se eleva al 49%. Un 29% de las entidades ha desarrollado directrices para actuar en la generación de energía, mientras que hace tres años tan sólo un 9% las tenía.

La crisis ha tenido mucho que ver en este avance. 'La banca se ha puesto bajo la lupa', explica a Público Annie Yumi Joh, responsable de finanzas éticas de la ONG Setem, miembro de BankTrack. La quiebra de bancos o los escándalos por las altas retribuciones de los directivos de entidades financieras que habían recibido dinero público han llevado la mirada de la opinión pública hacia el sector bancario. 'Ha habido más atención pública sobre los bancos y sus acciones, ahora hay más interés por saber qué es lo que hacen, y a las propias entidades les interesa preocuparse por cuestiones que importan cada vez más a la gente, como por ejemplo el cambio climático', señala Yumi Joh.

El Banco Santander destaca por su política contra la corrupción

Los sectores en los que las entidades consiguen mejor puntuación son la generación de energía, la minería, el petróleo y el gas, y, por otro lado, el respeto a los pueblos indígenas. La responsable de la ONG Setem asegura que ambos aspectos están estrechamente relacionados: 'Hablar de recursos naturales supone hablar también de desplazamientos de pueblos indígenas', señala.

Por el contrario, el suspenso general es para las operaciones en zonas de conflicto. El informe destaca que ningún banco ha desarrollado políticas propias que restrinjan sus operaciones financieras en esas zonas.

La corrupción es el otro punto débil de la banca. Para BankTrack, las entidades deben dotarse de una política que asegure que no aceptarán sobornos o fondos corruptos, además de participar sólo en compañías sin corrupción. Precisamente, el Banco Santander destaca por su avanzada política sobre corrupción y se sitúa como el segundo del ránking en este asunto.

Sin embargo, la clasificación no está exenta de contradicciones, por ejemplo en el propio caso del Santander. 'Aunque es el tercer banco mejor valorado por sectores, participa en la explotación de recursos naturales en países con regímenes dictatoriales como Myanmar', asegura Yumi.

De hecho, que las puntuaciones sean, en general, tan bajas, se debe a la brecha que hay entre las palabras y los hechos. BankTrack puntúa a las entidades que han suscrito tratados o convenios que implican compromisos sobre el respeto a los derechos humanos o la no inversión en empresas armamentísticas, pero la mayoría no ha desarrollado políticas propias para llevar a la práctica esos compromisos. 'La puntuación es pobre porque no basta con suscribir un acuerdo internacional, hay que tener también una política propia que se aplique de verdad', subraya Yumi Joh.

Es el caso de los Principios de Ecuador, que han firmado más de 50 entidades (entre ellas, Banco Santander y BBVA), y que contemplan como obligación que los grandes proyectos pasen una evaluación de riesgos ambientales y sociales, y que en caso de que afecten a pueblos indígenas se dialogue antes con ellos hasta llegar a un consenso. A pesar de que la mayoría de los grandes bancos los han suscrito, su aplicación está lejos de ser una realidad, como denuncia la propia BankTrack. No obstante, la red se muestra satisfecha: 'Al menos, ahora nos escuchan', afirma Yumi Joh.