El Tribunal Constitucional (TC) se reúne de nuevo mañana para intentar dictar sentencia sobre el Estatut. Lleva casi cuatro años en ello y deberá darse prisa si de veras quiere hacerlo porque el tripartito y CiU están desplegando una intensa ofensiva para reformar la ley que lo rige y evitar así que juzgue el Estatut en sus actuales condiciones de división interna y con cuatro de los diez magistrados que deliberan (entre ellos el ponente) con el mandato agotado. Ayer, los tres grupos del Govern (PSC, ERC e ICV-EUiA) y el principal de la oposición, CiU, acordaron los términos de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que presentaran en unos días en el Senado sus grupos.

Lo hicieron en cumplimento de la resolución del Parlament que alumbró un frente catalán en defensa del Estatut aprobado en referéndum. De conseguir el apoyo del PSOE y prosperar en las cámaras la reforma de la LOTC, impediría al tribunal sentenciarlo.

La iniciativa impediría un fallo laminador del Estatut

Los cuatro puntos que se pactaron ayer, en una breve reunión, incluir en la ley harían imposible un fallo que alterara de forma significativa el escenario catalán. CiU y PSC intentan por todas las vías evitarlo, seguros como están que de este tribunal sólo puede salir una decisión que haga inviable el encaje catalán en España.

Con su propuesta, los partidos catalanes pretenden que, cuando se trate de estatutos, se despoje al alto tribunal de la potestad de emitir sentencia si tarda más de seis meses en hacerlo, y se dé por bueno el texto en cuestión. El catalán, que afronta siete recursos en contra, espera sentencia desde el verano de 2006.

En el intento de atraer al acuerdo a un PSOE que hace unos meses votó con el PP en contra de una iniciativa con los mismos objetivos en el Congreso, los partidos catalanes están dispuestos a ser flexibles en el plazo. Pero nunca a dar por buena una demora como la actual. O lo que es lo mismo, nunca a aceptar que se pueda juzgar el Estatut.

El TC se reúne mañana sin perspectivas de emitir sentencia

La reforma legal entraría en vigor tan rápido como aprueben las Cortes la LOTC (podría ser otoño, en plena precampaña catalana). Para ello se incluirá una disposición adicional que se aplicaría a los asuntos que, como el Estatut, aún están en tramitación.

Las otras reformas que se propondrán también se encaminan a que no sea este TC el que dicte sentencia. Así, se cesará automáticamente a los jueces que lleven más de seis meses con mandato vencido en un intento de forzar su renovación, que el PSOE y el PP hace más de dos años que son incapaces de pactar. Los otros dos puntos consistirían en reforzar la mayoría para dictar sentencia sobre estatutos, que pasaría de la mayoría absoluta (que se puede conseguir con el voto de calidad de la presidenta si hay empate) a ocho de los doce votos posibles. Un último cambio sería impedir las sentencias interpretativas. Así se inhabilitaría al TC para hacer lecturas de los artículos. Podría anularlos pero nunca dictar al legislador cómo aplicar la ley.

Sólo para estatutos

Inicialmente se consideró que algunas reformas afectarían de forma genérica a leyes orgánicas, pero ayer se acordó limitarlas a los estatutos para ceñirla a la casuística catalana. José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado dispuesto a estudiar una reforma, pero sigue defendiendo la legitimidad del actual TC.

CiU e ICV querían que, por ley, se impidiera al TC juzgar estatutos que, como el catalán, fueran aprobados en referéndum. En pro del consenso con el PSC se rechazó incluirlo en la propuesta 'de fusión' elaborada en el Govern y que CiU asumió íntegramente. Los nacionalistas aceptaron presentar sólo la reforma en el Senado para posibilitar que fuera en la Cámara Alta donde los socialistas catalanes se emplearan a fondo en conseguir el apoyo socialista.

Mañana se reúne el pleno del TC en plena ofensiva catalana y el lunes el president José Montilla comparecerá en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Lo hará con un éxito del frente catalán, que ahora se traslada de forma definitiva a Madrid para salvar el Estatut del desguace.

1. Relevo de los magistrados con el mandato caducado

La propuesta exige el relevo automático de los magistrados con el mandato caducado y más de seis meses adicionales en el cargo. Es el caso de María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata.

2. Consensos amplios

Los partidos catalanes exigen también que para aprobar una sentencia sobre un estatuto sea necesario el quórum de un mínimo de ocho miembros. Hasta ahora, no ha habido fallos que convenzan a más de cinco de los doce jueces.

3. Un límite para emitir sentencia

La reforma pasaría también por establecer un plazo máximo de tiempo para decidir sobre un recurso. Superado este límite, el recurso sería desestimado, algo que en este caso, con más de tres años, ya habría ocurrido.

4. No a la interpretación

Los cambios incluirían imposibilitar fallos interpretativos que laminen el texto sin considerarlo inconstitucional.