Pasar 13 años en la cárcel cuando se es inocente ya tiene precio: 555.600 euros. Esa es la indemnización que el Ministerio de Justicia propone pagar a Rafael Ricardi, el hombre que pasó 4.630 días encarcelado acusado de dos violaciones que no había cometido. Así se recoge en el informe sobre el caso elaborado por el departamento de Francisco Caamaño y que se ha remitido al Consejo de Estado para que se pronuncie, último trámite antes de efectuar el pago.

De este modo, Justicia rechaza las iniciales pretensiones económicas de Ricardi, que reclamaba 10 millones de euros por los años pasados entre rejas. En su lugar, fija una indemnización resultado de multiplicar 120 euros por cada día pasado en prisión, siguiendo el ejemplo establecido para casos similares en varias sentencias de la Audiencia Nacional.

La decisión sobre la indemnización a Ricardi se ha acelerado en el último mes después de que su abogada denunciase que su cliente estaba a punto de quedar en la indigencia, ya que en pocos meses se le agotaba la prestación por desempleo que recibe desde que salió de prisión.

Este mismo mes, varios responsables políticos se han dirigido al Ministerio de Justicia para acelerar los trámites. Entre ellos, el defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, el diputado de IU Gaspar Llamazares y los parlamentarios socialistas Salvador de la Encina y Álvaro Cuesta. Este último, como presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, envió el pasado 19 de mayo una carta al ministro Caamaño en la que le reclamaba una 'pronta resolución' al expediente de Ricardi y le pedía que aclarase las causas del retraso sufrido, según confirmaron ayer a Público fuentes parlamentarias socialistas.

Hasta ahora, Justicia se había escudado en la falta de documentación para explicar la lentitud en la tramitación del expediente. En concreto, aseguraba no haber recibido aún las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en las que se anulaba el fallo que condenó al falso culpable.

Rafael Ricardi, juzgado en octubre de 1996 por violación, abandonó la cárcel en julio de 2008 después de un largo proceso para probar su inocencia, que se inició tras la aparición de nuevos elementos de prueba que evidenciaban que su ADN no se correspondía con las muestras recogidas en la ropa de una víctima.