La Unión Europea creará una tasa para que los bancos financien sus propias crisis. Los 27 jefes de Gobierno tomaron ayer la decisión, que la UE aplicará aunque fracasen las negociaciones paralelas que persiguen globalizarla en la cumbre del G-20 que se celebrará la semana que viene.

Según lo acordado ayer, todos los bancos europeos deberán pagar un impuesto, que en principio tendrá carácter nacional, para evitar que en el futuro el dinero público acabe rescatándolos y depurando sus malas inversiones, por ejemplo, en productos como hipotecas basura, que infectaron el sistema financiero mundial hasta amenazar con tumbarlo en 2008. La idea se basa en la legislación de países como España y Suecia, que ya aplican gravámenes a las instituciones financieras para crear fondos como el de Garantía de Depósitos, usado por el Gobierno español en casos como el de la quiebra de Caja Castilla La Mancha.

El compromiso es independiente de lo que se decida en Toronto

Sin embargo, los 27 no se darán prisa en su aplicación, ya que ayer eludieron poner fecha a la entrada en vigor. Las conclusiones tampoco concretan detalles esenciales del proyecto (como qué variables se gravarán o en qué cuantía), que lleva sobre la mesa más de un año. En su lugar, los 27 han encargado a la Comisión Europea que presente un informe en 2010 que explique cómo garantizar la igualdad de trato en todos los países de los bancos europeos para evitar fugas de capitales o deslocalizaciones.

Los líderes de la UE ven la tasa como un mecanismo esencial para conseguir que 'aquellos que crearon la crisis paguen' las próximas crisis, en palabras de la canciller alemana Angela Merkel. También pretende responder a la preocupación y amargas críticas de los perjudicados por los recortes del déficit, que asistieron con resignación al rescate con fondos ilimitados de las entidades financieras y a los planes de estímulo que han creado un enorme agujero en las cuentas públicas.

La decisión de crear la tasa es firme, y se toma independientemente de lo que decidan los países del G-20 en su cumbre de la semana que viene en Toronto. En esa reunión es previsible que se repita la división en torno a la aplicación internacional de la tasa que pudo advertirse en la última reunión de ministros de Economía del G-20. 'Estamos empeñados en defenderla y trataremos de convencer a nuestros socios, pero implícitamente hemos acordado que, si no hay consenso en el G-20, seguiremos adelante', aseguró Herman Van Rompuy, el presidente del Consejo.

Mucho más difícil será poner una tasa a las transacciones internacionales

José Luis Rodríguez Zapatero y David Cameron, jefes de Gobierno español y británico, concluyeron que 'no es conveniente introducirla ahora por el delicado momento que está viviendo la banca', aseguraron fuentes cercanas al Gobierno español alertando de que el sector financiero necesita recuperarse antes de ser fiscalizado exhaustivamente.

Tras su primer encuentro desde que Cameron se convirtió en primer ministro, el británico manifestó a Zapatero su oposición frontal a otra tasa en discusión: la que gravará las transacciones financieras. 'Sería castigar a la banca y provocaría movimientos de capital', aseguró Cameron, según el relato del Gobierno español. La oposición de Reino Unido fue igualmente contundente dentro de la reunión de los 27 y coincide con la tesis de EEUU, por lo que el gravamen sobre las transacciones financieras (una especie de tasa Tobin) 'está sentenciada a muerte', señalaron fuentes diplomáticas. Sin acuerdo en el G-20 y con la primera plaza financiera europea en contra, la también llamada tasa Tobin 'no sería efectiva', recalcan desde el Consejo.

Por otra parte, los 27 presionaron a la Comisión para que regule las ventas a corto al descubierto y los credit default swaps (CDS).