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Díaz Ferrán afronta ya cinco grandes procesos judiciales

La primera sentencia condenatoria por impago lo deja en una delicada situación

SUSANA R. ARENES

Los problemas judiciales que muchos representantes de la CEOE temían que llegaran para su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se agravan. Hace meses que lo veían venir como un castigo para la imagen de la patronal, personificada en su máximo representante. Pero, ahora, se van concretando los procedimientos y Díaz Ferrán ya afronta cinco grandes causas. Lo peor es que el viernes una jueza dictó la primera sentencia condenatoria contra el jefe de la CEOE. Lo obliga a pagar de su propio bolsillo dos nóminas a un trabajador de Air Comet tras haber prometido su 'garantía personal' para abonarlas a toda la plantilla, cosa que nunca hizo.

Además, hay otras actuaciones contra él que, aunque todavía no han sido cursadas formalmente, pueden acabar también en los tribunales. Así lo advierte Miguel Ángel Cillero, responsable de la Federación de Transporte de UGT, que no descarta presentar nuevas demandas, en función de la información que vaya apareciendo. Estos son los cinco principales procedimientos judiciales contra Díaz Ferrán.


Para evitar la huelga que quería hacer la plantilla de Air Comet, Díaz Ferrán se comprometió en un documento, dirigido a 'todos los empleados y a los comités de huelga de Air Comet', a dar su 'garantía personal' para que se abonasen las nóminas de octubre y noviembre del año pasado a través de una serie de pagarés entregados a los trabajadores. Los pagarés vencían el 21 de diciembre, fecha en la que luego se produjo el fatídico cierre de Air Comet, que suspendió pagos el pasado 20 de abril y que Gerardo Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, vendieron, junto con Viajes Marsans, al liquidador de empresas Ángel de Cabo. Los pagarés nunca se abonaron. Ahora, la jueza obliga a Díaz Ferrán a abonarlos en 15 días, si no recurre la sentencia, algo que muy probablemente hará. El riesgo para el presidente de la patronal es que el sindicato CGT, que ha promovido el procedimiento, presente una demanda colectiva. Tras la victoria judicial, CGT ofrece a todos los trabajadores de Air Comet adherirse a la reclamación para que puedan cobrar dos nóminas, lo que supone cerca de 3.000 euros por empleado.


Otra de las causas que ya ha penalizado a Díaz Ferrán es la suspensión de pagos de Air Comet. El juez que tramita el caso decretó como medida cautelar el mes pasado embargar 37,7 millones de euros a Díaz Ferrán, a Gonzalo Pascual y a dos de sus hijos, también responsables en el negocio. El titular de un juzgado de Madrid tomó esta decisión tan poco habitual como medida preventiva antes de finalizar el trámite de Air Comet, que podría acabar en la liquidación de la compañía. En su resolución, el magistrado apunta a una posible culpabilidad de Díaz Ferrán y su socio en el concurso de acreedores de Air Comet, ya que el juez cree que con su 'pasividad pudo generar un agravamiento' de la situación de insolvencia de la compañía.


Una de las denuncias más graves que afrontan Díaz Ferrán y su socio es la de apropiación indebida de las cuotas de la Seguridad Social y de los sueldos que dejaron de pagar a los entonces 4.000 empleados de Viajes Marsans, ahora también en manos de Possibilitum, la empresa de Ángel de Cabo. La inspección laboral del Ministerio de Trabajo hizo un informe demoledor que ha pasado a la fiscalía, que tiene que pronunciarse en breve plazo sobre si hay indicios de delito. En su informe, el inspector de Trabajo denuncia un 'incumplimiento' de las obligaciones contractuales y extracontractuales de la empresa y deja al fiscal que considere si las infracciones detectadas podrían ser constitutivas de delito.


Un grupo de aerolíneas presentó en julio una denuncia por apropiación indebida en un juzgado de Madrid contra Viajes Marsans y sus filiales. El problema para Díaz Ferrán y su socio es que las líneas aéreas acusan a Marsans de quedarse con aproximadamente 5 millones de la venta de billetes entre el 1 y el 15 de abril, cuando ambos eran los gestores de la empresa. Marsans tenía que haber liquidado estas ventas a través del sistema de compensación de pagos del organismo internacional de líneas aéreas IATA, pero no lo hizo, según estas compañías.


Un juzgado de Madrid sigue investigando el caso contra Marsans de los presuntos delitos de fraude fiscal y apropiación indebida de hasta 300 millones de dólares procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para el pago de las deudas de Aerolíneas Argentinas, que Argentina expropió en 2008.

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