La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, intervendrá en la convención del PP en Sevilla, que se celebra este fin de semana, para defender la transparencia y austeridad en la gestión pública. Resulta curioso el papel que el partido de Mariano Rajoy le ha atribuido, teniendo en cuenta que, en la Asamblea regional, la oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones su opacidad, especialmente en los escándalos por corrupción.

Los conservadores han organizado una ponencia política en la que presentarán una ley orgánica que desarrolle el artículo 20 de la Constitución para garantizar a todos los ciudadanos ellibre acceso a la información.

Como adelantó Público el lunes pasado, el Gobierno socialista ya no considera que este tema sea una prioridad. La Ley de Transparencia, una compromiso anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no verá la luz durante esta legislatura, según admitieron fuentes de la Moncloa. Y ello a pesar de que en diciembre de 2009, tras la presión de varias ONG, el Ejecutivo anunció la próxima aprobación de la norma.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no regulan este derecho ciudadano. Por lo visto lo que era un caballo de batalla para la ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tenía muchos detractores. Entre ellos, su sucesor en el cargo, Alfredo Pérez Rubalcaba, que frenó los intentos de llevarlo al Consejo de Ministros para su discusión. El PP, ante el carpetazo, ha decidido tomar el testigo. La derecha considera que 'en una democracia avanzada la transparencia debe ser la regla y el secreto, la excepción, porque el peligro de abuso de poder y de corrupción se incrementa donde el Ejecutivo actúa en secreto'.

'Por eso es preciso mostrar lo que está detrás del Ejecutivo, sobre todo en un país como el nuestro en el que se está quebrando la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y sin confianza no es posible la democracia', dijo ayer el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons. Fue la pincelada. La encargada de hacer el discurso político en este sentido será Aguirre el sábado.

Livia Castillo, diputada socialista en la Asamblea madrileña y responsable de vigilancia de los contratos recuerda que desde febrero de 2009, lleva pidiendo, una vez al mes, los contratos menores relacionados con el caso Gürtel (más de 300 por los que se pagó más de 3 millones de euros entre 2004 y 2008). No ha visto ni uno. Su grupo también solicitó las declaraciones de bienes de los imputados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco y nunca se los entregaron. Al igual que tampoco se les hizo llegar copia de la de una de sus mayores hombres de confianza, Francisco Granados, cuando estalló el caso de los espías. Son sólo algunos ejemplos.

El Partido Popular también anunció ayer que durante esta cita hablará de corrupción. Lo harán Pons y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este último abordará la necesidad de afrontar una regeneración democrática. Pero en la derecha no tienen previsto enredarse hablando de imputados o códigos éticos. 'Eso se hace en congresos elaborando estatutos, ahora es filosofía', dicen. Preferirán centrarse en el rol de los políticos y combatir el desprestigio y alejamiento que parece haberse instalado en la sociedad: 'Deben recuperar su condición de representantes de los ciudadanos'.