La Generalitat valenciana pagó en 2005 al arquitecto Santiago Calatrava 2,5 millones de euros por redactar el anteproyecto de unos rascacielos que no se harán y cuya viabilidad ya discutió entonces la propia Sindicatura [Cámara] de Cuentas autonómica. Adjudicado a dedo por un importe total de 15 millones de euros, el contrato se firmó el 14 de septiembre de 2005. Es decir, diez meses después de que Calatrava hubiera anunciado con Francisco Camps la construcción de esos mismos rascacielos, planeados sobre una parcela sujeta a litigio judicial y situada bajo la senda de aproximación de aviones al aeropuerto de Manises.

Las características del asunto lo presentan casi como una réplica aumentada del llamado caso de la Ópera, por el que el expresidente balear Jaume Matas acaba de ser imputado en unas diligencias donde Anticorrupción le reclama una fianza civil de 1,6 millones de euros. Matas pagó a Calatrava 1,2 millones por el anteproyecto para un palacio de la ópera en Palma otorgado a dedo en la precampaña de 2007 y del que sólo quedan dos maquetas y un vídeo como rastro. Al igual que en Valencia, Calatrava recibió el encargo de Palma meses antes de que el contrato fuese rubricado. Camps, ahora al borde del banquillo por el caso de los trajes, y su Gobierno guardan bajo siete llaves el expediente de los rascacielos, lo que impide saber qué trabajos desarrolló el arquitecto.

El arquitecto recibió el encargo diez meses antes de que fuese adjudicado

Los tres edificios, conocidos como las torres de Calatrava, debían levantarse en una parcela frente al mar situada junto a la valenciana Ciudad de las Artes y las Ciencias y cuya subasta anunció la Generalitat de Camps el pasado 22 de octubre. El objetivo de la venta, captar ingresos para equilibrar las cuentas públicas valencianas. Cuando anunció la subasta, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, trató de amortiguar el golpe afirmando que las torres 'podrán ser construidas por la iniciativa privada'.

Pero el futurible del conseller se perfila como más que improbable. Sobre todo por la crisis. Pero no sólo. Nombrada como M3 en el planeamiento urbanístico de la zona, la parcela debe albergar, si se urbaniza, 450 viviendas de VPO en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo. Y las torres de Calatrava se publicitaron como un área de 'lujo con firma' y donde viviendas, oficinas y un hotel compartirían espacio.

El Consell oculta el expediente y no se puede conocer el trabajo de Calatrava

El Supremo intervino a instancias de los antiguos titulares de esa parcela. Y obligó a la Generalitat a indemnizarlos. Los propietarios originales del suelo confirmaron el sábado a Público que la Generalitat aún no ha pagado.

La existencia de esos obstáculos, y de otros, ya era conocida cuando la Generalitat encargó a Calatrava el anteproyecto y el proyecto básico de las torres a cambio de 15 millones de euros, cifra de la que sólo consta el pago de los citados 2.591.400 euros.

El Govern no reparó en que la zona estaba próxima al aeropuerto

Que los escollos eran conocidos lo constata el informe de Sindicatura relativo a 2005: '[...] A la vista de las dificultades existentes para la ejecución del proyecto, desde el punto de vista urbanístico, de servidumbres aéreas y de disponibilidad de suelo, se echa en falta la elaboración por parte de CAC SA de un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar'. En otras palabras: CAC SA (Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA), la empresa pública a través de la cual vehiculó la Generalitat el contrato, ni siquiera produjo unas líneas explicativas. Nadie argumentó por qué la Generalitat realizaba semejante contrato por una cifra equivalente a 2.500 millones de las antiguas pesetas. A tenor de los hechos, el Gobierno de Camps tampoco reparó en que la zona se encuentra bajo la senda de aproximación al aeropuerto de Manises, un factor incompatible con la presencia de rascacielos de hasta 280 metros como los publicitados por Calatrava.

Pese a lo anterior, y al igual que en Baleares, Calatrava tampoco topó en Valencia con la habitual lentitud administrativa con los proveedores: si en Baleares cobró antes de que el nuevo Gobierno tomara posesión tras las elecciones de mayo de 2007, en Valencia ya había percibido 2.591.400 euros al cierre del ejercicio 2005. Los pagos, relata el informe de la Sindicatura de Cuentas, se efectuaron 'mediante cheque bancario, previa presentación de factura emitida sin IVA'. El documento no detalla por qué se emitió así, pero Calatrava reside en Suiza, y esa podría ser la causa.

No se sabe si Camps pagó al profesional los restantes 12,5 millones del contrato

Ni en 2005 ni en los ejercicios posteriores ofrece datos la Sindicatura sobre qué parte del trabajo contratado el anteproyecto y el proyecto básico realizó Calatrava de manera efectiva. Constituye, por tanto, una incógnita si la Generalitat abonó o no a Calatrava los 12,5 millones restantes de su contrato. Ningún informe de la Sindicatura de Cuentas lo precisa.