La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) se declaró ayer partidaria de que su tribunal homólogo valenciano (TSJCV) juzgue a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes, por regalar trajes a Francisco Camps y a otros tres altos cargos de la Generalitat y el PP que, como el president, se encuentran hoy al borde del banquillo acusados de cohecho impropio (soborno). En su auto, el TSJM confirma la inhibición dictada en julio de 2009 por el juez del caso, Antonio Pedreira, y subraya que los tres presuntos jefes de la trama Gürtel deben ser en todo caso juzgados 'por el mismo órgano juris-diccional' que Camps 'con la finalidad de evitar posibles decisiones contradictorias'. Es decir, para evitar 'que se pudiera concluir que se recibió [la ropa] pero no se hizo el pago o encargo o viceversa'.

Pero ahora, y tras remarcar no obstante que compete a la Justicia valenciana pronunciarse sobre si Correa, Crespo y Pérezse convirtieron con sus regalos en presuntos delincuentes, la Sala madrileña introduce una incógnita: la de si el caso de los trajes generará 'un único juicio o dos separados'.

El auto dictado ayer confirma la inhibición dictada por Pedreira en 2009

Cuando se inhibió, Pedreira advirtió de que, al pagar los trajes, el delito supuestamente cometido por el trío de Gürtel era 'el reverso' del perpetrado por Camps y sus subordinados Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret al aceptar esos mismos trajes. Subrayando que ambas infracciones constituyen las dos caras de la misma moneda, el juez abundaba en que los tres miembros de la red corrupta y los cuatro dirigentes del PP valenciano debían ser procesados juntos.

Aunque el TSJCV no descarta la hipótesis de dos procesos, uno por cohecho impropio y otro por un delito más grave, el de cohecho a secas, penado con cárcel, fuentes conocedoras del sumario creen difícil que el tribunal valenciano intente trocear una vez más la rama valenciana del caso Gürtel. Hasta ahora, el TSJCV se ha negado a investigar los trajes como parte inseparable de los manejos de la trama con la Generalitat. Y ello pese a que el sumario Gürtel desvela que las empresas ligadas a la red lograron 14 millones en contratos públicos y ayudaron al PP a ocultar, presuntamente, 2,5 millones al fisco en 2007. Dos años después del estallido del caso, el TSJCV ni siquiera ha dilucidado aún si investigará las cuentas del PP valenciano.

El TSJM abre la duda de si habrá un solo juicio o dos por los regalos

El auto del TSJM reprocha a Pedreira que se inmiscuyera en las potestades de la Justicia valenciana. Pero, simultáneamente, da ideas al TSJCV en pro de la celebración de dos juicios. Y lo hace al reproducir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que preceptúa cómo la competente para juzgar a reos de delitos conexos es la juris-dicción ordinaria es decir, no un tribunal superior 'siempre que alguno [de los implicados] esté sujeta a ella, aun cuando los demás sean aforados'. El TSJCV no descarta dividir el caso en dos incorporando al proceso por soborno a alguno o algunos de los dirigentes del PP imputados sólo por cohecho impropio. ¿A quiénes? A los que tuvieran capacidad de adjudicación. De aplicarse esa tesis, Camps saldría ganando al evitarse compartir banquillo con reos de soborno grave. Y saldría ganando porque, a priori, no figura entre quienes gozaban de facultades para contratar.

La resolución del TSJM se produce como consecuencia del recurso planteado por el PP contra la decisión de Pedreira de inhibirse respecto al caso de los trajes, dado que los miembros del Govern valenciano y de Les Corts sólo pueden ser investigados por el TSJCV. El PP, que no ha cesado de torpedear las actuaciones de Pedreira desde que logró personarse como 'acusación popular', tildaba de 'fraude' la inhibición de Pedreira. Paradójicamente, alegó que, al pedir que Correa y los suyos fueran juzgados con Camps, Pedreira rompía la unidad de la causa.