El Gobierno andaluz estudia la manera de entregar a la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, las actas que reclamó de los 480 Consejos de Gobierno celebrados en Andalucía desde el año 2001. Fuentes del Ejecutivo aseguraron a Público que es el propio Consejo de Gobierno, no el presidente ni un consejero, quien tiene que autorizar el despacho de los documentos para ponerlos a disposición de la magistrada.

El gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, indicaron las fuentes, está estudiando los precedentes jurídicos de una petición como esa y está tratando de descubrir la manera de compatibilizar la decisión de la jueza con el cumplimiento de la legislación. El artículo 31 de la Ley del Gobierno de Andalucía establece dos cosas. En primer lugar, que “los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos”. Y en segundo, que “las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto, estando obligados sus integrantes a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer al Consejo de Gobierno”.

Alaya solicitó al Gobierno en un auto fechado el pasado 21 de marzo que le entregase una ingente documentación, entre la que estaban las actas de las reuniones del Gobierno andaluz de diez años. En el auto, la magistrada, más allá de afirmar que esos papeles son de importancia para la causa y que serán devueltos los que no interesen a su investigación, no razona para qué los quiere exactamente. Una interpretación de su escrito sugiere que Alaya quiere saber si el Ejecutivo conoció los informes de la Intervención que alertaban de que las ayudas para ERE se estaban concediendo con una “falta total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”. La jueza sospecha, según el auto, que “responsables de la Junta de Andalucía” no hicieron nada para encauzar dentro de la ley el sistema de reparto cuando conocieron que se estaba incumpliendo. La magistrada considera que el reparto de fondos ERE –647 millones entre 2001 y 2010– vulneró la Ley de Hacienda Pública de Andalucía.

Siete informes

Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, insistió ayer en esta línea y afirmó que “terminará probándose” que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que investiga la Justicia, no es sólo fruto de “un capricho y de una golfería” de un director general, en referencia a Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo entre 1999 y 2008, que calificó el fondo para ERE como “fondo de reptiles”, aunque luego se retractó. Sanz manifestó que existen hasta siete informes de la Intervención General advirtiendo de la falta de procedimiento, el primero de ellos elaborado en 2002.

Fuentes de la Junta afirmaron a Público que la Intervención redactó cada año un informe de control del IFA, el ente público designado por Empleo como pagador de las prejubilaciones, e insistieron en que jamás la Intervención elevó un informe de actuación al Consejo de Gobierno, lo que hubiera obligado al Ejecutivo a tomar decisiones. Sólo se hicieron los ordinarios, agregaron las fuentes, que no detectaron menoscabo de fondos públicos.

“¿Qué harán los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán si se descubre que había informes de la Intervención correspondientes a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007?”, dijo Sanz. La actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, manifestó en su día que era ella quien recibía los informes de la Intervención como viceconsejera y que no se los pasó a su jefe, a la sazón Griñán. El PP volvió a pedir la dimisión de Griñán y Chaves. “No les queda más camino que dimitir ya o dimitir más adelante”, dijo Sanz, informa Efe.

La presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, afirmó que lo que persigue el PP es que la Justicia inicie “una causa general”, algo que, aseguró, “no es lo que quiere” la magistrada Alaya. Torres expresó su “plena confianza” en la Justicia.