El pasado 27 de julio, cuando todos los ojos estaban puestos en si Republicanos y Demócratas elevaban o no el techo de gasto, una decisiva reunión tenía lugar en la Subcomité de Supervisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en Washington. Allí, los principales representantes de las agencias de calificación de deuda exponían sus quejas por la nueva reglamentación que está diseñando la máxima autoridad financiera de EEUU, la SEC.

'En una economía global es particularmente importante que los métodos de calificación no queden sujetos a la influencia de uno o más países que busquen beneficiar su propia calificación', advirtió el presidente de la agencia de calificación Standard & Poor's, Deven Sharma.

Irónica acusación, para advertir de que ese supuesto beneficio no es otro que la intención de la SEC de meter en vereda a estas entidades que llevan años campando a sus anchas sin que sus errores hayan tenido ningún castigo y que se revuelven como fieras ante cualquier intento de control.

En caso de salir adelante la nueva regulación, las agencias deberían someterse a controles intentos, test de evaluación de sus empleados, estudio de conflictos de intereses. Esto dispara de lleno contra las malas prácticas que vienen ejecutando durante años. Entre otras cosas, porque sus ingresos provienen directamente de las entidades a las que les tienen que adjudicar las calificaciones: bancos, fondos de inversión e incluso países, y a los que además cobran por hacer análisis financieros.

Así, durante la época del boom inmobiliario fueron las agencias las que ayudaron a diseñan las complicadas estructuras de las hipotecas subprime con el objetivo de camuflar toda la basura y otorgarles una calificación de máxima seguridad. A esto se suma el retraso reiterado en advertir los riesgos de entidades que después quebraron o necesitaron ayudas públicas.

Tampoco saldrían bien parada una investigación sobre el accionariado de estas empresas. Moody's, la única de las grandes que cotiza en Bolsa, tiene entre sus principales accionistas al conocido inversor Warren Buffet (13% del capital) o al gigante de los fondos de inversión BlakcRock (3,28%) entre otras potentes entidades financieras. Lo mismo ocurre en el caso de Fitch (con un mayor porcentaje de capital de origen europeo. El 60% pertenece a la francesa Fimala) y por supuesto con Standard & Poor's, propiedad de la editorial Mc GrawHill, que, a su vez, también tiene como accionistas entre otros a BlackRock.

Además, Mary L. Schapiro, la presidenta de la SEC anunció que la nueva regulación va a promover que todos aquellos que ahora utilizan los ratings de las agencias dejen de depender de ellas y hagan sus propios estudios de riesgo. Es decir, que hagan los deberes en lugar de confiar ciegamente en las agencias.

Lo que ocurre hasta ahora, en parte propiciado por las exigencias de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, es que para invertir en determinados activos se requiere que vayan etiquetados con la calificación de una o incluso dos de estas tres agencias. Eso es lo que les hace tan poderosas. Un ejemplo fue el tiempo que estuvo paralizada la reforma del fondo de rescate de los países de la Unión Europea porque si gastaba más fondos de los adecuados las agencias le bajarían el rating de máxima calidad que necesita para financiarse en los mercados.

En definitiva, un círculo perverso propiciado por una legislación que favorece a unas empresas que han demostrado su ineficiencia una y otra vez, pero que los tímidos intentos por cambiarla a uno y otro lado del Atlántico chocan contra sus devastadoras decisiones.

En el último siglo, EEUU ha sido la principal economía del mundo. Muchos países en vías de desarrollo (en Asia y Latinoamérica, sobre todo) tienen vinculada su economía e incluso su moneda a la de EEUU. Perder la máxima calificación de la deuda puede generar una reacción en cadena por todo el mundo, de consecuencias desconocidas. Nunca antes ha ocurrido.

Muy negativamente. La bajada del rating puede implicar una subida de tipos de interés del bono estadounidense (conocidos como ‘Tresurys’). Es decir, que EEUU pagará más cara su deuda, lo que supondrá menos dinero para estimular la economía y supondrá un freno más al ya de por sí depauperado crecimiento. Además, afectará al dólar y a las empresas cotizadas.

Los inversores internacionales desconfiarán de una moneda con tantos desequilibrios fiscales y buscarán otras alternativas. El precio del dólar puede caer lo que anularía la actuación de la semana pasada de los bancos centrales de Suiza y Japón para evitar que sus respectivas monedas se revaloricen. También subirán otras divisas de países en desarrollo como Brasil, generando tensiones inflacionistas. Pero lo que es incluso peor es que puede propiciar una caída del valor de todas las monedas que están referenciadas al dólar. El peligro es que los países se defiendan con un cierre de fronteras, lo que podría retraer el comercio mundial.

Sólo el miedo a que se produjera una rebaja del rating ya tumbó Wall Street la semana pasada. Quizá aquella reacción pueda amortiguar las caídas que se esperan para mañana.

Los primeros cálculos aseguran que el tipo de interés de los bonos estadounidenses podría subir un 0,7%, lo que supondrían un incremento total de la deuda pública de unos 100.000 millones de dólares. JPMorgan calcula que un incremento del tipo de interés de 50 puntos básicos podría reducir el crecimiento de la economía de EEUU un 0,4%. Por ejemplo, anularía el crecimiento del PIB del primer trimestre, que fue justamente del 0,4%. Es decir, estaría al borde de la recesión.

La Administración de Obama podría verse forzada a realizar un recorte del gasto mayor que el previsto. Incluso podría tener que subir impuestos o los tipos de interés. Eso se trasladaría a las familias con un encarecimiento de sus hipotecas y con un recorte del dinero en efectivo para gastar. Es decir, habría menos consumo privado que es el motor de la economía de EEUU. Un motivo más para la ralentización e incluso para un posible incremento del desempleo.

La decisión de S&P podría generar una huida del dinero de los fondos de inversión hacia activos refugio como el bono alemán, lo que haría caer su tipo de interés. Ello se traduciría en un aumento de su diferencial frente a la deuda española (incluso aunque la rentabilidad del bono español no se moviera). Eso añadiría dificultades a la financiación de la economía española. Y la caída del dólar podría llevar a una apreciación del euro que perjudique a las exportaciones, que son ahora el motor del crecimiento del PIB español.

Tras la rebaja de la deuda de un país, lo habitual es que, en una segunda vuelta, la agencia baje también el rating a sus bancos y empresas. Las entidades de créditos hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae, todavía muy afectadas por los estragos de la crisis subprime, serían las primeras de la lista, según los expertos financieros.

La credibilidad de las agencias de rating está en caída libre. Cada vez menos gestores creen en ellas. Pero la industria financiera y las políticas de inversión están diseñadas sobre sus calificaciones, lo que les obliga a actuar cada vez que hay un cambio. Los gestores de los fondos de inversión y los fondos de pensiones tienen que aplicar con rigurosidad esas estrategias, que se definen cuando se crea el fondo y que sólo se pueden modificar con el acuerdo de los participes (los accionistas de los fondos). Es decir, que aquellos fondos que estén obligados a invertir sólo en activos triple A y tuvieran bonos americanos, deberían venderlos buscar otros activos de máximo valor crediticio. El oro, el franco suizo y el bono alemán se presentan como los destinos más probables. Pero también hay expertos que dicen que no habrá tal fuga, porque no hay posibilidad de absorber el dinero que hay en ‘Tresurys’